Los partidos vascos, salvo el PP, critican la anulación por el Supremo de la jornada de 35 horas de los funcionarios

Los partidos vascos, salvo el PP, critican la anulación por el Supremo de la jornada de 35 horas de los funcionarios

El Gobierno Vasco insiste en que «de momento» la sentencia «no cambia nada» y aboga por analizar junto a los sindicatos «qué camino seguimos»

EUROPA PRESSVitoria

Los partidos vascos, salvo el PP, han criticado la decisión del Tribunal Supremo de anular el decreto del Gobierno Vasco que establecía una jornada de trabajo efectivo de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración autonómica. Consideran que la sentencia «cercena» el autogobierno, va contra un acuerdo alcanzado con los representantes de los empleados públicos y enmarcan el fallo en la «recentralización» del Estado.

La sentencia del supremo ya fue criticada este jueves por el Gobierno Vasco, en boca de su portavoz, Josu Erkoreka, que denunció que el fallo "vulnera" las competencias reconocidas a Euskadi por su Estatuto de Autonomía y que se produce cuando el propio Ejecutivo español plantea la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas para las funcionarios estatales. Este viernes, el viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco, Andrés Zearreta, ha señalado que "de momento" la sentencia "no cambia nada" y ha abogado por analizar junto a las organizaciones sindicales "qué camino seguimos".

En declaraciones a Radio Euskadi ha indicado que "la sentencia ha puesto en cuestión acuerdos y compromisos que el Gobierno ha adquirido con los representantes de los trabajadores desde hace tiempo. Es una cuestión que nos afecta a todos y entre todos tenemos que buscar algún camino", ha afirmado. Ha concluido que se deberá escuchar a "la parte sindical y, entre todos, buscar una fórmula" para que el servicio que se ofrece a la ciudadanía "no se ponga en cuestión".

La parlamentaria del PNV Estíbaliz Larrauri ha mostrado el "total desacuerdo" de su grupo con la sentencia, sobre la que ha afirmado que "cercena el autogobierno" vasco y "vulnera el espíritu" de la negociación colectiva. "Va a ser una decisión difícil de explicar en Euskadi, porque se entromete en la organización interna de nuestro personal público", ha advertido.

Un magistrado del Supremo apunta que el Gobierno Vasco podría impugnar

El magistrado de la Sala tercera del Tribunal Supremo Segundo Menéndez ha apuntado este viernes la posibilidad de que el Gobierno Vasco impugne la sentencia ante el Tribunal Constitucional si entendiera que hay "un problema de competencia entre el Estado y la Comunidad Autónoma". En declaraciones a los medios tras participar en un seminario en Bilbao ha opinado que la sentencia que recoge la interpretación del Alto Tribunal sobre la jornada de los funcionarios vascos "está ahí y es clara". En concreto, ha indicado, el tribunal resuelve que la jornada de los funcionarios debe ser de 37 horas y media, "y no las 35 previstas", refrendando así una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Por su parte, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Ángel Garrido, ha incidido en que "podría plantearse hipotéticamente un conflicto de competencias ante el Constitucional" por parte de la Administración vasca si bien, a día de hoy, tanto el TSJPV como el TS, no podían "hacer otra cosa que no fuera aplicar la ley vigente", que es ley presupuestaria de 2012, que obligaba a las 37 horas y media. Ha indicado, además, que "lo normal es que esa sentencia empiece a ejecutarse cuando sea firme y sería muy raro que estableciera" una retroactividad sobre las horas no trabajadas por los funcionarios vascos en estos años".

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha coincidido en las críticas a la "actitud cercenadora" de derechos y competencias por parte del Estado español. Tras aludir a otras recientes decisiones de la Justicia española contra normas vascas, ha lamentado que este parece ser el "epitafio" del Estatuto de Gernika. Por ese motivo, ha propuesto aprovechar los trabajos que desarrolla la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco para "blindar" la capacidad de decisión de las instituciones de Euskadi.

Desde Elkarrekin Podemos, Jon Hernández ha enmarcado la resolución judicial en un proceso de "recentralización" por parte del Estado. Además, ha afirmado que hay que aprovechar el debate sobre la reforma del autogobierno de Euskadi para reforzar los derechos sociales de los ciudadanos, y ha lamentado que el PNV siga llegando a acuerdos con un PP que ha impulsado recursos contra numerosas normas vascas.

La parlamentaria del PSE Alexia Castelo ha dicho que no es comprensible, salvo entre "quienes no creen" en el Estado de las autonomías, que se ponga en cuestión un acuerdo alcanzado entre un gobierno y los sindicatos, y ha defendido que mejorar las condiciones laborales con un acuerdo es "la mejor garantía" para mantener unos servicios de calidad.

Por su parte, Antón Damborenea (PP) ha afirmado que la anulación del decreto era "previsible", ya que se trataba de una norma "ilegal". Además, ha acusado al Gobierno Vasco de "engañar" a los sindicatos y de "empeñarse" en "invadir" las competencias el Estado.

UGT , por su parte, ha pedido al Gobierno Vasco que deje en suspenso la sentencia del Supremo y ha anunciado que exigirá al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una rectificación por parte de la Administración central, que "acosa" a los trabajadores de las administraciones públicas.

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