La Naval está ya en manos del juez con una deuda de 100 millones

La empresa queda a la espera de la aparición de nuevos inversores que muestren su interés por mantener la actividad

MANU ALVAREZ BILBAO.

El astillero La Naval de Sestao presentó ayer la solicitud definitiva para entrar en un procedimiento concursal, después de haber agotado los plazos del preconcurso sin que haya sido posible restaurar el equilibrio patrimonial de la compañía ni dotarla de la liquidez que necesitaba. Con ello, la empresa pasará ahora a estar intervenida por un juzgado de lo mercantil de Bilbao y el próximo hito será el nombramiento de un administrador concursal encargado de supervisar cualquier decisión.

Según fuentes consultadas por este periódico, la deuda real de la empresa con entidades financierasy proveedores se sitúa en unos 100 millones de euros. Aunque la deuda total con la banca se había cuantificado en 150 millones, una parte importante de esa cantidad está ligada a avales concedidos para la construcción de los barcos, que se liberan con la entrega de los buques a los armadores. Algo que ya se ha hecho en el caso del cablero 'Living Stone' esta semana, que ha pasado de forma anticipada a manos de su propietario, la compañía belga-holandesa DEME-Tideway. La Naval espera formalizar pronto una operación similar con una de las dos dragas que también tiene en construcción, en este caso para el armador belga Van Oord.

A partir de ahora, la empresa tendrá dos vidas paralelas. De un lado la actividad interna, mermada por las dificultades para conseguir abastecimientos ya que la tesorería es muy corta. La plantilla -181 empleados- entrará en un expediente de suspensión temporal, que en principio se prolongará durante tres meses. Mientras tanto, la industria auxiliar -con unos 300 trabajadores- finalizará el 'Living Stone', amarrado ahora en un muelle de Santurtzi. Algo que, apuntan, necesitará unos seis meses. La dirección del astillero también quiere cerrar un acuerdo con Van Oord para hacer una entrega anticipada de una de las dos dragas y para que el armador financie, de forma directa, los trabajos sobre la segunda. Si se materializa ese acuerdo, supondría mantener el trabajo de unos 1.200 operarios y el final del ERE de suspensión.

Pero junto a ello nacerá también un procedimiento supervisado por el juzgado, cuyo primer paso será la evaluación de detalle de todas las deudas y también del valor de los activos de la compañía. Algunos cálculos realizados hasta ahora apuntan a un valor que puede alcanzar los 145 millones de euros.

El procedimiento que se inicia permitirá también que potenciales inversores interesados en quedarse con el astillero presenten ofertas. Varias empresas, algunas españolas y otras extranjeras, ya han mostrado su interés en la operación. Además de realizar una oferta económica para hacerse con la propiedad, tienen que comprometer también una inversión en La Naval, presentar un plan industrial sólido e incluso alcanzar un acuerdo con los trabajadores.

Por otro lado, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, insistió ayer en que el Gobierno vasco estudiará participar en el capital de La Naval una vez finalizado el concurso de acreedores. Tapia recordó que solamente el «hipotético anuncio» de que el Gobierno autonómico estaba dispuesto a tomar una participación provocó que la UE remitiera una carta a los ejecutivos central y vasco en el que se señalaba: «cuidado, es una empresa en crisis y ustedes no pueden participar ahora».

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