Los municipios de Gipuzkoa eluden devolver el 70% de las reclamaciones por plusvalías

El daño ha sido más que limitado según ha podido conocer DV a partir de la información remitida por un puñado de consistorios que representan más del 60% de la recaudación guipuzcoana por este tributo, que rondaría los 25 millones de euros. Estos ayuntamientos -concretamente los de Donostia, Zarautz, Hondarribia y Hernani-, que ingresan por este gravamen una media de 15,5 millones de euros al año, realizaron devoluciones el pasado ejercicio por un monto global de 275.882,8 euros, tras dar una respuesta favorable a 522 reclamaciones.

Pero esas quejas no son todas las que los contribuyentes habían presentado en esos cuatro consitorios, ya que las peticiones formales de devolución alcanzaron las 1.763 en esos ayuntamientos durante 2017. Por tanto, las resoluciones favorables apenas suponen tres de cada diez reclamaciones presentadas.

Hablando en plata, los consistorios de Gipuzkoa le deben este respiro a la propia Diputación foral, que en la reforma de la norma de cara a incluir las anulaciones anticipadas en el gravamen por el fallo del TC, limitó muy mucho las posibilidades de éxito a los contribuyentes que quisieran reclamar por los pagos realizados en años anteriores, al incluir una disposición transitoria mediante la cual la nueva norma «no resultará de aplicación a liquidaciones previas a la publicación de la sentencia del TC que sean firmes». En esos casos, señala la nueva norma, «no procederán devoluciones».

El decreto-norma presentado por el ente foral en marzo del pasado año y que recibió la aprobación de las Juntas del territorio en mayo, cercenó casi por completo la posibilidad de que los afectados a los que se les cobró el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (nombre oficial del Impuesto de Plusvalías) antes del 16 de febrero 2017 -fecha de publicación de la sentencia del TC- obtuvieran una respuesta administrativa favorable a su reclamación.

El texto de la nueva norma acotaba en qué circunstancias era posible la reclamación. A las liquidaciones firmes correspondientes a impuestos devengados con anterioridad al 25 de marzo de 2017 -fecha de publicación en el BOE de la sentencia del TC- «no les resultará de aplicación el artículo presente en el Decreto Foral-Norma», por tanto, «no procederán rectificaciones, restituciones o devoluciones» basadas en ese artículo y «se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas».

Las liquidaciones recurridas en reposición y también las pendientes de resolución sí que se han resuelto acorde a la nueva norma, y los expedientes pendientes en el Tribunal Económico-Administrativo Foral y en los Municipales han sido remitidos a los ayuntamientos para que practiquen las «nuevas liquidaciones» basándose en la nueva norma reguladora.

De esta forma, el grueso de las transacciones cargadas de manera anticonstitucional y no prescritas (desde 2013) han recibido una respuesta negativa cuando los afectados han reclamado una nueva liquidación.

Según apuntaba la sociedad de tasación Tinsa tras la sentencia del TC, en Gipuzkoa serían alrededor de 5.500 las operaciones que entre 2013 y 2017 podrían haberse realizado a pérdidas y la media a devolver debería haber rondado los 3.000 euros por reclamación. Con los datos en la mano, será difícil que se haya superado la barrera de las 1.000 reclamaciones admitidas, de forma que apenas supondrían el 18% del total de potenciales expedientes recaudados de forma anticonstitucional por parte de los ayuntamientos.

La importancia que tiene este tributo en la recaudación de los 89 consistorios de Gipuzkoa es distinta, de forma que para algunos puede representar apenas el 0,5% de sus ingresos (sobre todo en los más pequeños) y para otros, un montante mucho más importante. «La media de ingresos por este concepto en los últimos años ha sido de 12 millones de euros», explica el concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Donostia, Jaime Domínguez-Macaya. El consistorio donostiarra contuvo la respiración nada más conocer la sentencia del TC. «Se suspendió el giro de plusvalías a la espera de que se aclarase el procedimiento a seguir», recuerda el responsable de Hacienda.

Ese parón en la tramitación de expedientes fue solventado a marchas forzadas tras el decreto foral y hasta septiembre «más o menos» se resolvieron las solicitudes de revisión de plusvalías presentadas al amparo de la sentencia. En total, 1.615 liquidaciones, de las que se estimaron 462. Eso sí, el retraso acumulado y la necesidad de realizar las comprobaciones sobre si existe o no una plusvalía en la venta de un inmueble está «ralentizando el procedimiento» de liquidación de expedientes, de forma que el propio consistorio solicita que aquellos contribuyentes «que crean que no han tenido plusvalía en la transmisión, aporten también las escrituras de la operación anterior para agilizar el proceso».

En total, el consistorio donostiarra tramita de media al año unas 12.000 liquidaciones, lo que contrasta con la actividad de otros ayuntamientos con menor población como, por ejemplo, Hondarribia, donde la media apenas supera las 1.000 operaciones; Zarautz, con una media de 600 escrituras; o Hernani, con algo más de 300. En esta última localidad se han presentado 52 reclamaciones de devolución del tributo, de las que 30 fueron aceptadas, pero una vez aplicada la nueva normativa foral solo se les devolvió el gravamen a dos de ellas (1.803 euros y 2.812, respectivamente).

Otra derivada del fallo del TC y de la posterior modificación de la norma por parte de la Diputación de Gipuzkoa era el posible incremento de la litigiosidad por parte de los contribuyentes que no vieran atendida de forma positiva su reclamación de devolución de las cuantías abonadas indebidamente. Se podía prever que ese colectivo pudiera acabar llevando ante los tribunales nuevamente la cuestión -como sucedió en el caso de las cláusulas suelo hasta que el TJUE declaró su anulación con retroactividad total- aunque los expertos señalaban que «el coste de recurrir a la vía judicial puede ser mayor que la propia cuantía a retornar, por lo que muchos afectados descartarán esa posibilidad».

En principio, parece que se está cumpliendo la previsión de los asesores ya que ninguno de los ayuntamientos consultados tiene conocimiento de reclamación judicial alguna sobre devoluciones denegadas en el último ejercicio. El consistorio de Donostia sí reconoce reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal.

Lo que todavía resta por comprobar es si la Diputación de Gipuzkoa cumplirá su palabra de revisar más en profundidad la normativa del tributo, ya que los responsables forales admitieron que la modificación realizada de urgencia el pasado año pretendía dar una respuesta rápida y una aplicación directa al fallo del TC, pero que el gravamen requería de una revisión más detallada.

Expertos como el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Gipuzkoa, José Luis Polo, emplazaron también a la Diputación a reformar en profundidad el sistema de cálculo del impuesto, ya que en la actualidad «no se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad» que también puso en cuestión el TC en su sentencia. Ahora, por haber conseguido un beneficio de un euro en la compraventa, se paga lo mismo que por uno de 100.000, ya que la fórmula que se aplica sigue atendiendo a la revalorización de los terrenos y no tiene en cuenta el precio de venta del inmueble.