El Ministerio de Energía condiciona la rebaja eléctrica a las empresas a que haya presupuestos este año

El acuerdo del PNV y el PP para acabar con la discriminación que sufren compañías de Euskadi por el tipo de conexión se debería haber aplicado este mes

F. S. SAN SEBASTIÁN.

El Ministerio de Energía aseguró ayer que la aplicación de la rebaja en la tarifa eléctrica reclamada por las empresas vascas consumidoras intensivas, que se pactó entre el PNV y el PP en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales de 2017, no se podrá aplicar hasta que se puedan aprobar una nuevas cuentas para este ejercicio. La medida debería haber entrado en vigor en este arranque del año pero para ello, según la versión ministerial, requería de una partida presupuestaria.

El Gobierno central salió al paso después de que ayer mismo la Plataforma energética kV 25/30 reclamase a las formaciones firmantes del acuerdo que lo activen de una vez y pongan en marcha la reforma de las tarifas eléctricas que pagan algunas empresas.

En concreto, el pacto por el que el PNV hizo posible la aprobación de las cuentas de Rajoy incluía la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 KV, utilizada sobre todo por empresas vascas, y su inclusión en otro apartado tarifario, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos cien millones de euros para las industrias de la comunidad afectadas. Según informes técnicos, de las 200 mayores compañías vascas, 170 pagan un 75% más que sus vecinas de Cantabria, La Rioja y Burgos.

Con posterioridad al pacto entre jeltzales y populares, la Comisión Europea abrió a instancias de la Generalitat de Cataluña, una investigación sobre la legalidad de esta reforma, después de que cinco patronales catalanas se quejasen de ese cambio tarifario al entender que perjudicaba sus intereses. Desde el Ministerio restaron ayer importancia a este recurso, ya que se fundamenta en un supuesto agravio que favorecería sólo a Euskadi «cuando en realidad las empresas beneficiadas están en varias comunidades».

Plataforma

Ahora, la plataforma impulsora de esta reforma ha lamentado que no se haya puesto en marcha y ayer instó, a través de un comunicado, al PP y al PNV a activarlo y a hacerlo extensivo a todas las empresas afectadas para de esta forma «eliminar parte de la discriminación tarifaria que están pagando».

En el documento, este grupo recordó que el acuerdo resolvía el problema de una parte de empresas, pero que dejaba fuera a las enmarcadas en la tarifa 25 KV, que superan las 4.500 en distintas comunidades autónomas y que, según señaló, pagan 250 millones de euros más al año de lo que les correspondería. Por ello, y además de acometer el cambio pactado en Madrid, la plataforma demandó que se extienda a este otro grupo tarifario con el fin de resolver «cuanto antes» un problema «no achacable» a las empresas y que «lastra su competitividad de una manera gravísima».

La plataforma está promovida por SEA Empresarios Alaveses, que encabeza Pascal Gómez, junto al Grupo ASE, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona.

En la actual tesitura, el Ministerio ha dejado la pelota en el tejado del PNV. El PP quiere pactar los presupuestos del Estado con los jeltzales, al igual que el año pasado, pero estos últimos condicionan su apoyo a que se encauce la situación en Cataluña. Los votos del PNV son claves para que las cuentas salgan adelante. De lo contrario, el Gobierno central se vería obligado a prorrogar los presupuestos, una medida que, según indicó ayer impediría, entre otras cuestiones, la rebaja eléctrica.

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