Un juzgado aprecia delito en el aval que la red de parques autorizó para Epsilon

Julián Sánchez Alegría presidió el consejo del Parque de Miñano hasta julio de 2009. /BLANCA CASTILLO
Julián Sánchez Alegría presidió el consejo del Parque de Miñano hasta julio de 2009. / BLANCA CASTILLO

SALVADOR ARROYO VITORIA.

Malversación, prevaricación y administración desleal. El Juzgado de Instrucción 2 de Vitoria achaca esos delitos a Julián Sánchez Alegría, expresidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi, y por los que ha solicitado la apertura de juicio oral. Se le acusa de haber beneficiado a la quebrada empresa Epsilon, que promovía la creación de una escudería de vehículos fórmula 1 con 'label vasco', al utilizar su influencia para conseguir que el parque alavés de Miñano la avalase en un crédito bancario, cuando la sociedad automovilística ya sufría problemas económicos. Una operación que se considera irregular, previamente desautorizada por los servicios jurídicos del Parque Tecnológico de Álava (PTA), y que acabó teniendo un coste de 16,4 millones para las arcas públicas.

Los hechos se produjeron entre los años 2008 y 2009. Según se recoge en el auto dictado por la jueza Ana Jesús Zulueta, Epsilon Euskadi fracasó en el intento de obtener financiación directa de Kutxabank y Caja Vital para la sede de la compañía en Miñano. «No asumieron el riesgo porque solicitaban una gran cantidad de capital», se dice. La empresa que promovió el bólido que compitió en Le Mans se surtía en un 90% de fondos públicos -de hecho, acabaría tragándose más de 48 millones de euros- y no estaba en condiciones de dar garantías adicionales a los bancos.

El experto que lideraba Epsilon Joan Villadelprat -condenado al pago de 900.000 euros - acabaría encontrando el respaldo del Parque Tecnológico de Álava -del que son socios Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de Vitoria- y de su presidente Sánchez Alegría, imputado también en el 'caso De Miguel', la presunta trama de cobro de comisiones por exdirigentes del PNV.

Firma del contrato

Pese a las advertencias, en enero de 2009 se suscribe el contrato privado entre el parque y las entidades de crédito para garantizar que la deuda iba a ser sufragada en caso de impago por parte de la empresa automovilística, como así acabó sucediendo. El auto judicial pone en evidencia que el investigado dejó en situación de desprotección al PTA. Porque el aval no solo rebasaba las competencias del parque de Miñano sino que Epsilon ya vivía un momento delicado.

El desenlace es conocido: Epsilon entró en concurso de acreedores y caminó hacia la extinción. Las entidades de crédito procedieron a la ejecución hipotecaria y el parque a cumplir con el aval.

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