Grupo Fagor deja herida de muerte a Edesa Industrial al reclamar la marca

Planta de Garagartza que adquirió el grupo catalán CNA Group en el concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos. :: /Mikel fraile
Planta de Garagartza que adquirió el grupo catalán CNA Group en el concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos. :: / Mikel fraile

La propietaria de la enseña alude a reiterados incumplimientos para que el juez impida su uso a CNA. La empresa catalana niega las acusaciones y responsabiliza a la quebrada cooperativa de haberle engañado con las previsiones de negocio

PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN

Las esperanzas de CNA para reflotar Edesa Industrial –antigua Fagor Electrodomésticos– de la mano del inversor polaco Amica puedan quedar frustradas o al menos heridas de muerte después de que ayer la dueña de la enseña ‘Fagor’, la cooperativa de segundo grado del Grupo Mondragón Fagor S. Coop, presentara en el Juzgado Mercantil de San Sebastián una demanda de resolución del contrato de cesión de uso de dicha enseña.

Una cuestión que no es baladí, ya que supone en estos momentos el principal activo de Edesa Industrial. De hecho, la multinacional polaca ha puesto como condición sine quanon para inyectar dinero en el proyecto de la mano de CNA poder seguir usando la marca Fagor.

Pero como adelantó DV, los dueños de la enseña se han hartado de los «reiterados incumplimientos» de los compromisos adoptados por la catalana cuando se quedó con los activos de Fagor Electrodomésticos en el proceso concursal en 2014. Tras darle el 23 de octubre un ultimátum de quince días para que cerrase un «plan de viabilidad de verdad y resolviera los incumplimientos», la paciencia de Fagor S. Coop se ha agotado. Casi dos meses después y con la firma inmersa en un nuevo concurso de acreedores, ha decidido finalmente solicitar al juez que Edesa Industrial no pueda seguir usando dicha enseña.

En su demanda, Fagor S. Coop, señala que «se ha visto abocada» a adoptar dicha medida ante el incumplimiento de las obligaciones referidas tanto al uso y posicionamiento de la marca, como a la creación de empleo y al impago de los acuerdos económicos suscritos.

En virtud del contrato de cesión, Edesa Industrial se comprometió a que el número de puestos de trabajo no fuera inferior a 350 personas en el cómputo anual, siendo causa de resolución cualquier cifra inferior a ésta. Además, con el fin de salvarguardar el empleo, Fagor S. Coop estableció el pago de contrapartidas económicas en caso de que Edesa Industrial no cumpliera con los objetivos marcados en su plan de crecimiento, que contemplaba superar los 700 puestos de trabajo. Si cumplía con dicha cuota de empleo podía hacer uso de la marca sin tener que abonar ninguna cantidad por derechos de uso, pero si bajaba de ella estaría obligada al pago de unos royalties.

Pues bien, Edesa Industrial apenas da empleo a unas decenas de personas y además, según esgrime Fagor S. Coop, tampoco se ha cumplido con el mantenimiento de la notoriedad de la marca Fagor y su posicionamiento en el mercado. Lejos de eso, señala que se ha producido un deterioro que afecta al resto de empresas del Grupo Fagor: Fagor Industrial, Fagor Arrasate, Fagor Automation, Mondragón Assembly o Copreci. La dueña de la enseña añade que a estos incumplimientos, que son los fundamentales y los que le han llevado sobre todo a solicitar la retirada del uso de la marca, se añade el impago de las cuotas establecidas por no cumplir con el empleo previsto.

La cooperativa del Grupo Mondragón también esgrime ante el juez que «a la vista de dichos incumplimientos y de la proyección futura del proyecto de viabilidad presentado, no se cumple la razón fundamental por la cual se procedió a facultar el uso de las marcas y patentes a Edesa Industrial».

Stock y servicio técnico

La resolución del contrato, que está en manos del juez, tendría como principales consecuencias tanto la prohibición de utilizar las marcas para cualquier producto o servicio por parte de CNA, así como la extinción de las sublicencias existentes. La catalana tendría un plazo de tiempo razonable para poder dar salida al stock, que sería más amplio en lo que respecta al servicio técnico, con el objetivo de que los consumidores no se vean desasistidos.

Fagor S. Coop considera que la retirada del uso de la marca, si así lo decide el juez, «no sería insalvable para la firma catalana, ya que cuenta con otras enseñas». Edesa Industrial reaccionó ayer mismo con un comunicado y aseguró que tiene previsto continuar con la actividad, «aunque si finalmente no fuera posible hacerlo con el mantenimiento del uso de la marca, dicha actividad no podría estar vinculada al País Vasco, debido, entre otros factores, a sus elevados costes de producción, de plantilla y acceso a subvenciones».

LA CIFRA

140
empleos son los que se mantendrían en Edesa Industrial, lejos de los 350 que exigía la propietaria de la marca para mantener la cesión de la misma. Además, Fagor S. Coop también argumenta que se ha producido un deterioro de la enseña, con lo que se incumple otro de los requisitos exigidos.

En cualquier caso, la compañía afirma que no reconoce los incumplimientos señalados por Fagor S. Coop, al tiempo que manifiesta su disconformidad con los importes reclamados. Este medio adelantó que dicha cantidad ascendía a dos millones de euros, aunque ayer la cooperativa no confirmó dicho extremo.

Con todo, Edesa Industrial señala que ha realizado recientemente «ingresos significativos consensuados con la Corporación, sobre la base del mantenimiento de la marca», por lo que le «sorprende esta decisión unilateral». Fagor S. Coop indicó ayer a DV que no se han producido negociaciones al respecto.

Edesa Industrial también señala que el compromiso del mantenimiento del empleo se realizó conforme a unas previsiones basadas en datos proporcionados por Fagor que «nunca se cumplieron o que resultaron ser incorrectos o falsos, lo que, unido a las circunstancias adversas del mercado y la presión creciente de países de producción low cost, ha imposibilitado cumplir con dicho compromiso».

Añade que pese a ello, «y tras haber invertido 70 millones», no ha renunciado «nunca a mantener la actividad en Euskadi y tratar de conservar cuantos empleos sean posibles». Finalmente, la compañía señala que la decisión está en manos del juez, pero que antes de que pueda emitir una sentencia se abrirá un plazo para poder responder. Con todo, afirma que no descarta iniciar acciones legales en defensa de su actividad y de su proceder «siempre ético y conforme a la ley».

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