Euskadi retrasa un año más el cambio del reparto de ingresos que perjudica a Gipuzkoa

Las tres diputaciones arrancaron allá por 2015 la legislatura apuntando que en una comunidad monocolor -politicamente hablando- se podría llegar a acuerdos con más facilidad que antes y la concluirán en mayo del curso que viene con el proyecto de nueva Ley de Aportaciones afrontando, en el mejor de los casos, las últimas etapas de su trámite parlamentario. Así se desprende de las declaraciones del consejero de Hacienda y Finanzas, Pedro Azpiazu, que este martes tras la celebración de un nuevo CVF se mostró «confiado» de que «el anteproyecto de Ley esté listo este año para su debate parlamentario». Cualquiera que soñase con un texto ya aprobado por el Parlamento Vasco en este mismo ejercicio con el que se pudiesen reasignar las aportaciones de 2019 por parte de las Haciendas forales, se despertó de repente tras escuchar las palabras del consejero.

De hecho, podríamos decir que estamos en la misma casilla del tablero en la que nos ubicamos cuando el 16 de diciembre de 2016 el mismo Azpiazu anunciaba el retraso de la presentación del borrador de la nueva norma alegando la necesidad, entre otras cosas, de que las entidades locales redactaran un análisis que se tuviera en cuenta a la hora de articular cualquier proyecto de ley. Entonces, todas las partes se comprometieron a seguir trabajando. En octubre, se comprometieron a tener lista la nueva norma en este 2018, y hoy se comprometieron a entregar el 31 de mayo el imprescindible informe técnico de las instituciones locales. Lluvia de ‘compromisos’ y escasa certeza en torno a unos plazos concretos que lleven a renovar una norma que a Gipuzkoa le ha costado perder unos 570 millones en recursos propios entre 2007 y 2017.

Azpiazu volvió a apelar a que las instituciones representadas en el CVF prefieren «una buena ley que hacer algo con rapidez» que las deje «un poco insatisfechas». Lo que llama la atención es que para diseñar «una buena ley» se han incumplido algunas disposiciones de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE) que tantos quebraderos de cabeza provocó al Ejecutivo vasco. Esta ley, aprobada en el Parlamento Vasco el 7 de abril de 2016, recoge en su artículo 117.5 que los municipios «participarán en la determinación de los criterios para el establecimiento del modelo de distrubición horizontal y los coeficientes horizontales de contribución de cada territorio histórico» con el fin de garantizar la financiación local.

Y a través una disposición transitoria añadía la fórmula mediante la cual tomarían parte en ese diseño. «A fin de que las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuenten con la financiación adecuada, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, y a través del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, se realizará un análisis general de las competencias propias y de la financiación de los distintos niveles institucionales de la CAV (...) Las conclusiones del análisis serán tenidas en cuenta en la revisión de la ley», recoge la norma.

Azpiazu alegó este martes que «era absolutamente imposible que ese estudio estuviera para abril de 2017». No le falta razón al consejero ya que aunque la LILE se aprobó en abril de 2016, no fue hasta el 10 de febrero de 2017 cuando tuvo lugar el primer encuentro del grupo de trabajo encargado para realizar el análisis. Un grupo integrado por dos representantes del Ejecutivo vasco, otros dos de cada una de las diputaciones forales y otra pareja de técnicos de Eudel.

Hasta junio del pasado año, apenas se habían celebrado tres reuniones de este grupo de trabajo. El trabajo continúa y ya disponen de una fecha clara para la publicación de su informe, el 31 de mayo, 13 meses más tarde de la fecha programada por ley.

A partir de entonces, y con un verano de por medio, se tomarán en cuentan las conclusiones del informe para elaborar el borrador de la nueva Ley de Aportaciones. Todavía, como ya adelantaba este medio, no hay una fecha concreta para la presentación de este anteproyecto.

En la rueda de prensa de este martes, los diputados generales de Gipuzkoa y Álava -territorios más afectados por la actual legislación- no quisieron referirse a ningún retraso en la tramitación de la norma sino que prefirieron valorar el establecimiento de fechas concretas para los siguientes pasos de la confección de la ley. «Es un avance y poner fechas siempre es bueno», apuntó Markel Olano. Su homólogo alavés, Ramiro González, añadió que «el compromiso es una muestra de seriedad» por parte de las instituciones. El diputado general de Bizkaia no hizo referencia a esta cuestión, mientras que el presidente de Eudel, Imanol Landa destacó la importancia del informe de las entidades locales.