El Gobierno quiere licitar las autopistas en proceso de quiebra antes de otoño de 2018

JOSÉ A. BRAVO MADRID.

«Tempus fugit», esto es, el tiempo se escapa. En el Gobierno quieren grabar este lema casi a fuego en el expediente de las nueve autopistas de peaje en quiebra. Ahora que por fin se tiene claro qué hacer con ellas -la aprobación hace una semana del convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) hacerse con su gestión temporal es el primer paso para su retorno al mercado en mejores condiciones financieras-, el mayor riesgo es que los plazos se alarguen más de lo previsto y no se logre colocarlas en 2018.

El próximo año es el elegido para completar todo el proceso, contando con que el déficit público estará ya en buena medida aliviado -el Ejecutivo prevé que no pase del 2,2% en términos de PIB, con una economía creciendo a un ritmo anual del 2,6%- y podrá asumir el coste de recuperar esas vías de pago. En términos globales, el Tribunal de Cuentas estima que el Estado podría tener que abonar «un máximo» de 3.718 millones en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

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