El Constitucional avala el recargo a las viviendas vacías en el IBI de Gipuzkoa

Viviendas en primera línea de playa en Zarautz, muchas de ellas segundas residencias. / MICHELENA

El Alto Tribunal concluye que la norma tiene seguridad jurídica y respeta el principio de igualdad tributaria

DAVID TABERNASan Sebastián

¿Cómo se determina si una residencia es la habitual? ¿O si está vacía? ¿Qué indicador lo zanja con claridad? ¿Es justa una ley fiscal que obliga a pagar más sin importar la capacidad económica del sujeto? Esas son algunas de las dudas que han llevado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a preguntar si tiene base legal el recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías, una de las normas más polémicas aprobadas en los últimos tiempos por los ayuntamientos de Gipuzkoa.

Cinco años después de recibir luz verde en las Juntas Generales, los efectos de esa norma provocaron una cascada de reclamaciones que han acabado llegando al TSJPV y obligándole a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la norma. Pues bien. El TC no duda. Ha inadmitido a trámite la cuestión prejudicial de validez de la norma foral guipuzcoana al entender que el recargo tiene perfecto encaje legal, goza de seguridad jurídica y no es contrario a los principios de capacidad económica e igualdad del régimen tributario. En otra palabras, un mazazo para los propietarios que cada año reciben la doble factura de su Ayuntamiento y un respaldo a una estrategia fiscal que, eso sí, no ha logrado los objetivos recaudatorios previstos.

El artículo 14.5 de la norma foral de Gipuzkoa del Impuesto de Bienes Inmuebles fue aprobado por las Juntas Generales en julio de 2012 en un momento de asfixia financiera de los ayuntamientos. Con una recaudación que caía en picado y el fin del maná del ladrillo, el Gobierno foral de Bildu dio a los ayuntamientos la posibilidad de establecer un recargo en el IBI sobre las viviendas vacías. Podía llegar hasta el 150%, y desde su aprobación lo han implantado medio centenar de ayuntamientos guipuzcoanos, muchos de los cuales, eso sí, se han descolgado al ver que la condición de vivienda vacía era fuertemente contestada. ¿Y si era por una herencia? ¿Y si no se podía vender por la crisis inmobiliaria? ¿Y si su propietaria estaba en una residencia de mayores?

Escalada de reclamaciones

Sin embargo, muchos de los contribuyentes que han sufrido el recargo han agotado las posibilidades a su alcance para evitar afrontar el pago: recurrir ante el Ayuntamiento, ante el Tribunal Económico-Administrativo foral, ante los tribunales de base y ante instancias superiores.

Esta escalada llevó una reclamación sobre el recargo aplicado en Zarautz hasta el Tribunal Superior del País Vasco, que al parecer no lo tenía nada claro. Así, el 17 de febrero decidió plantear una cuestión prejudicial al Constitucional para aclarar si el recargo, que también existe en España, tenía encaje legal.

La dudas se han despejado ahora: la norma es válida. El TC deja claras varias cuestiones, algunas evidentes y otras que a veces no lo han sido tanto. En cuanto al continente, avala la competencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa para aprobar la norma. Además, recuerda que su aprobación no es una ocurrencia, porque recargos similares existen en las normas tributarias del Estado.

Otras cuestiones sobre el contenido son ya más discutibles. El TSJPV se pregunta si los principios de seguridad jurídica y reserva de ley tributaria no resultan infringidos al carecer la norma de una definición de «residencia habitual», lo que impide al contribuyente saber qué debe probar para demostrar que no se produce el hecho imponible del recargo. El TSJPV duda de si para contrastar si una residencia es habitual basta con mostrar que hay alguien empadronado, como recoge la norma foral para evitar el recargo. El TC, en cambio, no tiene dudas. El empadronamiento a 1 de enero tiene plena validez para demostrar si un piso está vacío o no, lo que exime a la norma foral de una posible indeterminación que el TSJPV plantea.

Igual a ricos que a pobres

Pero la norma foral esconde otro debate no menos controvertido y de más carga ideológica. Los impuestos suelen estar concebidos para gravar la capacidad tributaria del contribuyente. Quien más tiene más paga. Esa es la filosofía del IRPF y del Impuesto de Patrimonio. En cambio, el mismo recargo por una vivienda vacía puede caer sobre las espaldas de un director de empresa o de un pensionista.

Ningún municipio aplica el máximo

En 2016 ningún municipio de Gipuzkoa mantenía el IBI para viviendas vacías en el máximo permitido. Bergara, Pasaia y Zarautz fueron las tres únicas localidades que en 2015 –gobernadas por Bildu– aplicaban el gravamen en el 150%. Las dos primeras lo suprimieron, mientras que Zarautz lo rebajó al 100%. Las tres aludieron a que el recargo no había cumplido con su doble objetivo de mejorar la recaudación y de sacar viviendas al mercado de alquiler. Los municipios del interior aplaudieron que la tasa se redujera en las localidades costeras, ya que la ingeniería fiscal que algunos propietarios de segundas residencias utilizaron hicieron caer los ingresos que les correspondían por población censada a través del Fofim. Y es que para evitar el recargo del IBI muchos propietarios empadronaron a sus hijos en esas viviendas con la consiguiente pérdida de población en los municipios del interior.

El TSJPV entiende que el recargo puede suponer una vulneración de la igualdad tributaria, al establecer «un gravamen diverso sobre índices de capacidad económica idénticos, sin una justificación objetiva y razonable». Considera así que se introduce una diferencia de trato ante una situación homogénea, como es la titularidad de un inmueble, por el hecho de no tener residencia habitual en él, lo que puede obedecer a múltiples causas que no tienen por qué revelar una mayor capacidad económica.

El Constitucional tira de doctrina aplicada en el Estado sobre otras cargas fiscales y niega la mayor. «La no utilización de un bien o su uso no habitual ponen de manifiesto una riqueza real o potencial cuyo gravamen, en lo que aquí interesa a través de un recargo en el IBI del territorio histórico de Gipuzkoa, es coherente con el principio de capacidad económica». Traducido: renunciar a sacarle partido a ese piso vacío, bien con su venta o con su alquiler, revela que el propietario no tiene urgencias económicas, lo que avala la teoría de que no se vulnera la igualdad tributaria.

«Podemos concluir que el recargo en el IBI para viviendas que no constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo o de un tercero, regulado en el artículo 14.5 de la Norma Foral 12/1989, tampoco es contrario a los principios de capacidad económica e igualdad del artículo 31.1 CE», resume el Constitucional. Es decir, el recargo es legal. Otra cosa es saber cuáles han sido sus efectos reales para las arcas municipales o si ha servido para sacar al mercado más vivienda.

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