Diario Vasco

Hacienda exigirá a los bancos que adelanten el 25% de su resultado

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. / Juanjo Martín (Efe)
  • Al resto de empresas que facturen al año más de 10 millones se les aplicará un tipo del 23% para ofrecer ante Bruselas 8.000 millones de recaudación

El Gobierno ha encontrado en el principio del ‘quid pro quo (algo a cambio de algo)’ la solución final a cómo va a repartir la mayor presión fiscal que sufrirán las empresas en 2016 y 2017, debido a la necesidad de recaudar más fondos para cumplir con los objetivos presupuestarios que marcan desde Bruselas. Así, en contrapartida a que la banca fue el sector más respaldado por el Estado durante la última crisis –recibió un total de 53.553 millones de euros de los que hasta el momento apenas ha devuelto el 5%, pero no está nada claro cuánto reintegrará del resto ni tampoco cuándo lo haría– ahora, por el contrario, será el más perjudicado con los cambios.

La Agencia Tributaria les exigirá desde este mismo año que adelanten hasta el 25% de su resultado contable. Será en los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, que las empresas realizan en los meses de abril y octubre y diciembre para luego –ya en julio del año siguiente– Hacienda compensarles por lo cobrado de más –o viceversa–, si es que existieran diferencias entre lo ya abonado y la suma resultante de la liquidación final del tributo.

La diferencia es que como el calendario va muy avanzado y el Gobierno ya ha comprometido ese dinero extra ante la Comisión Europea como una de las medidas necesarias para reducir el déficit público –que en 2016 no debería pasar del equivalente al 4,6% del Producto Interior Bruto (PIB)–, todo en aras a evitar una multa que podría llegar hasta los 5.000 millones, este año a las grandes empresas les tocará un esfuerzo fiscal mayor en solo dos plazos. Esto ha motivado las quejas de la CEOE, que ha advertido de posibles consecuencias negativas para el crecimiento de la economía y también en la creación de empleo.

El malestar de la patronal ya era importante –dirigió una carta al propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy– cuando Hacienda contemplaba que el tipo máximo que aplicaría a los pagos fraccionados del impuesto sería del 20% y que solo afectaría a las compañías cuya cifra de negocio supere los 20 millones de euros anuales (alrededor de 4.400 según los registros del fisco). Al final, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha elevado esa presión, puesto que el límite por encima del cual se les exigirá un adelanto mayor se rebaja a los 10 millones (unas 9.900 empresas).

Asimismo, el tipo que se aplicará a las empresas será del 23%, solo dos puntos menos que el que se va a imponer a la banca que, a priori, lo acusará tanto en resultados como en dividendos. Una retención mínima para los pagos fraccionados ya se aplicaba la pasada legislatura (entre 2012 y 2015), pero el Ejecutivo de Rajoy decidió eliminarlo al final de la misma dentro de su última rebaja fiscal, con el objetivo de incentivar así la actividad económica.

Dicho tipo era entonces del 12%, casi la mitad del nuevo que se establecerá vía decreto según aprobará el Consejo de Ministros este viernes. Con esos cambios, el Ejecutivo prevé recaudar un total de 8.000 millones extra para este año, 2.000 millones más de lo que había contemplado en un principio. La medida, además, estaría en vigor tanto este ejercicio como el próximo, sin descartar aplicarla también a 2018 según marchen las cuentas públicas.

Discrepancias internas

La decisión final de elevar otro grado más el esfuerzo tributario de las empresas no ha sido precisamente pacífica. Según fuentes gubernamentales, el titular de Hacienda era partidario de no subir los límites iniciales que el Gobierno anunció a Bruselas (tipo del 20% para empresas que facturaran más de 20 millones al año), e incluso había contemplado bajarlos un poco dado que las compañías ya habían calculado sus pagos fiscales según la última rebaja (que reducía su tipo nominal al 25%) y una subida demasiado fuerte podría resultar contraproducente.

A este respecto el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, acusó ayer al Ejecutivo de actuar «con nocturnidad y alevosía». «Nos gusta saber en qué campo de juego jugamos», dijo en un acto ante decenas de empresarios, a quienes quiso prevenir: «no dudéis de que la cantidad que se quiere recaudar es dinero que las empresas necesitaban para otros menesteres muy importantes, a los que ahora no podrán destinarlo», y uno de ellos, advirtió con rotundidad, es «el empleo».

En el Ministerio de Economía, por contra, querían dar una vuelta de tuerca más al incremento de los pagos fraccionados. Para ello, según las fuentes citadas, se apoyaban en la fuerte caída que se viene observando en la tributación empresarial. De enero a agosto, según los últimos datos de la Agencia, la recaudación de sociedades descendió un 23,4% hasta quedar en 9.262 millones de euros frente a los 12.098 millones obtenidos en el mismo período de 2015.

Una vez aprobado por el Gobierno, el decretó llegará la semana próxima al Congreso –Hacienda ya ha mantenido contactos con los grupos parlamentarios, fundamentalmente con Ciudadanos y PSOE– con la pretensión de lograr el consenso necesario y agilizar su tramitación. Y es que Bruselas espera verlo antes del 15 de octubre junto a otras medidas de ajuste como los límites ya anunciados en la disponibilidad del gasto (2.000 millones en el Estado).