Pasaia o el absurdo recargo del IBI

Pocas semanas después, ya en enero de este año, Jon llegó al piso de al lado. Y después vinieron María, Ane y Eneko con su hijo Gorka... Y muchos más. Todos ellos se unían a decenas de personas y familias que también acababan de adquirir un piso en ese portal y en los de al lado. En solo dos meses, entre diciembre y enero, un bloque de viviendas vacío, que parecía abandonado, víctima de la crisis inmobiliaria, se llenó de vida.

Se trata del proyecto Kaimendi, que ocupa los portales 18 a 26 de la Calle Esnabide de San Pedro. Todos los compradores, o al menos casi todos, han adquirido su nueva casa para vivir en ella. Nada de maniobras especulativas, de buscar el 'pelotazo'. Primera vivienda en toda regla.

La sorpresa llegó cuando el Ayuntamiento les giró el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Recargo del 150% por tratarse de una vivienda vacía. «Debe tratarse de un error», pensó cada uno de ellos de forma individual. La respuesta del consistorio fue contundente: No hay ningún error, toca pagar el recargo.

En efecto, la ordenanza fiscal municipal reguladora del IBI establece que se aplicará un recargo del 150% en la tasa para los inmuebles de uso residencial que no constituyan residencia habitual el 1 de enero de cada año, fecha de devengo del impuesto.

Con la normativa en la mano, al Ayuntamiento no le falta razón. La mayoría de los habitantes de la promoción no estaban empadronados aún en su nueva residencia en esa fecha. Los que compraron en enero, por razones obvias, y los que lo hicieron en diciembre, porque en muchos casos el empadronamiento no se realizó hasta unos días o semanas después, una vez acondicionado el piso, hecha la mudanza y otros trámites más urgentes como dar de alta la luz, el agua... Pero no todo fueron 'descuidos'. Hay un caso concreto en que la compra se cerró el 30 de diciembre y el empadronamiento se llevó a cabo lo antes posible, el primer día que el registro municipal estuvo abierto: el 2 de enero. Da igual. Hay recargo.

¿Por qué todas las operaciones se cerraron entre diciembre y enero? La promoción recibió la escritura de obra nueva en marzo de 2013, pero como en tantos otros casos en los últimos años, las expectativas de venta de la empresa constructora no se cumplieron y la promotora, Salinas Berri SL, entró en concurso de acreedores y en liquidación en 2014, paralizándose la comercialización de las viviendas.

Tras el correspondiente trámite judicial, el juez encargado del caso, el titular del Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, Pedro José Malagón, autorizó la venta de los pisos disponibles, cerca de 50, más los garajes, un local comercial y tres trasteros, el 19 de noviembre de 2014. Al tratarse de unas viviendas cuya promotora había quebrado, salieron a la venta con un precio muy inferior al de mercado, incluso por debajo de lo que la promotora debía al banco que financió la operación, Kutxabank. Una oportunidad que permitió una venta rápida.

El plan de liquidación de Salinas Berri decía que los compradores se harían cargo de los gastos de comunidad pendientes y de los impuestos que se girasen a cuenta de la propiedad de la empresa concursada. En lo que afecta al IBI, Salinas Berri era la propietaria el 1 de enero de los pisos no vendidos en diciembre, y según el plan de liquidación, corresponde pagar el impuesto al comprador.

Algo que no cuestionan los nuevos propietarios, pero sí el recargo. «Es cierto que con la ley en la mano, el 1 de enero esos pisos estaban vacíos, pero porque la constructora quebró y no se pudieron vender hasta finales de 2014», subrayan los afectados. «Es consecuencia de la situación legal de la empresa propietaria y de la intervención de sus activos; no hay ningún afán especulativo o de falta de interés de sacar la vivienda al mercado», claman.

En los casos en que el piso se adquirió en diciembre, muchos no entraron o se empadronaron hasta ya entrado 2015, con lo que el «estigma» de no figurar en el padrón el 1 de enero les puede salir caro. «O sea que si compro un piso en enero y no me empadrono hasta diciembre no pasa nada, pero si lo compro el 30 de diciembre y me registro el 2 de enero me penalizan», razonan. «Y luego dicen que el objetivo de este recargo es sacar al mercado las viviendas no ocupadas, combatir la especulación y bla, bla, bla... Aquí lo que se busca es recaudar más de donde sea. Todo esto es absurdo», lamentan.

Cuando los nuevos propietarios se percataron de que su caso no era único, sino que la rigidez administrativa afectaba a todos los vecinos, decidieron unirse e intentar «hacer entrar en razón al Ayuntamiento». La única respuesta que recibieron fue que tenían la oportunidad de recurrir el devengo del impuesto cada uno de forma individual y que «ampliarían el plazo para empadronarse», sin concretar más. Este periódico intentó hablar con la alcaldesa de Pasaia o algún concejal pero declinaron dar su versión del caso.

Iñaki, Laura, Jon, María, Ane, Eneko y Gorka no son los nombres reales de los afectados. Cualquier coincidencia sería casual. Ningún propietario se ha ofrecido a aparecer públicamente, al menos mientras el Ayuntamiento pasaitarra no resuelva los recursos.