España se resigna a un bienestar cada vez más ajustado

El gasto social caerá al 23% del PIB a medio plazo, prevé el Gobierno, pese al declive de los servicios básicos | El Ejecutivo asume que solo subirán las partidas ligadas al envejecimiento inevitable, pero verán recortes vitalicios sanidad, pensiones o educación

JOSÉ M. CAMARERO Madrid

Si las consecuencias de la crisis se midieran por el dinero que el Estado dedica a los servicios públicos básicos, España no saldrá nunca de la depresión. O vivirá en un nuevo Estado del Bienestar que seguirá existiendo, pero de forma mucho más constreñida con respecto a lo que la mayor parte de la ciudadanía había vivido hasta hace poco más de una década.

En la ecuación formada por un sistema económico abierto dotado con protección pública, esta última proporción perderá peso a medida que pasen los años. El propio Gobierno lo asume en su Programa de Estabilidad presentado esta misma semana a la Comisión Europea. El documento incluye predicciones hasta 2070 en las que se atisba una merma del Estado del Bienestar.

Lo sufrirán los pensionistas, quienes precisen de cobertura sanitaria, necesiten acudir a colegios públicos u obtener becas o demanden cuidades permanentes y especializados en su última etapa vital. El conjunto del gasto social descenderá en las próximas décadas hasta el 23,8% del PIB. Se trata de una cifra inferior a la actual -en el entorno del 25%-, ante una población más envejecida y con muchas más necesidades de las que tienen ahora.

Una de las partidas que más sufrirán será la dedicada al pago de las pensiones de la Seguridad Social. El Gobierno anticipa que ese presupuesto seguirá subiendo en los próximos años, y lo hará en una media de 2,2 puntos porcentuales anuales hasta 2045. Pero no será precisamente porque se incremente el dinero destinado a pensiones, sino por la propia evolución de la población.

El Plan de Estabilidad anticipa que la mayor cuantía destinada a pensiones se incrementará «por el envejecimiento del a población», con una tasa de mayores de 65 años frente a los mayores de edad que pasarán del 29% actual a más del 61% dentro de 27 años. Este envejecimiento se «compensará» -reza el documento- por «la menor proporción que supone la pensión media sobre el salario». Aunque el Ejecutivo ha retrasado la aplicación del factor de sostenibilidad -el recorte de la primera prestación al jubilarse con respecto al último sueldo cobrado- al año 2023, las medidas puestas en marcha en las dos reformas -2011 y 2013-, como la nueva edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, así como la necesidad de cotizar más tiempo para calcular la prestación final relajarán las cuentas de la Seguridad Social. Además, el incremento del gasto en pensiones se verá compensado también por la caída de la tasa de paro -se abonarán menos prestaciones para desempleados- y el incremento de la tasa de actividad laboral.

El Gobierno también es consciente de que aunque no pueda contener el tsunami del envejecimiento de la población a medio plazo, sí puede actuar para controlar, en parte, el gasto derivado de otras prestaciones que abona la Seguridad Social, como las derivadas de la incapacidad, que pasarán de representar un 1,2% sobre el total actual a caer hasta el 0,8% dentro de 20 años. También se prevé una reducción en el gasto en otras pensiones ajenas a la jubilación como las de viudedad y las dedicadas a favor de familiares, cuyo peso se irá rebajando desde el 2,3% actual al 1,8%.

Tampoco la educación se librará de los ajustes que serán necesarios para cuadrar las cuentas estatales en un contexto marcado por la tendencia a drenar parte de los recursos públicos en favor de otros agentes que se incorporan al sector con sus propios negocios. El gasto educativo sobre el PIB caerá de cerca del 4% actual al 3,5% en apenas 12 años y solo después se iría recuperando, pero siempre con el límite del 4%. De esta forma, España seguirá siendo uno de los países de la UE que menos porcentaje de riqueza nacional destinan a sus sistemas educativos. El último dato de Eurostat indicaba que la media de los Estados miembro destinaban el 4,9% de su gasto a la educación. En ese mismo informe, España ocupaba la posición número 15, solo por delante de territorios como Rumanía, Bulgaria, Irlanda o Italia.

Tampoco mejorarán los futuros presupuestos del Estado las partidas destinadas a la sanidad con respecto a la situación actual y ello a pesar de que el Gobierno asume que este gasto aumentará por el envejecimiento de la población. Pero apenas lo hará 0,5 puntos sobre el PIB entre 2016 y 2070 situándose entre el 6,5% y el 6,8% a largo plazo. Se trata de un ratio muy inferior al de la media europea actual -un 7,2%-, sin visos de que haya más dinero con respecto a la riqueza nacional para los recursos en medicina, hospitales o servicios sanitarios.

Solo uno de los últimos pilares incorporados al Estados del Bienestar, el de la dependencia, podría salvarse de los ajustes presupuestarios durante las próximas décadas. Pero vendrá impuesto por el envejecimiento de la población, una situación que es imparable. En consencuencia, España gastará hasta un 4,1% de su PIB en servicios de ayuda para mayores frente a menos del 1% que destinaba a este fin a finales de 2016. Pero no parece que ese incremento no esté exento de ajustes. De hecho, el Gobierno recuerda en su Plan de Estabilidad recuerda cómo las medidas aprobadas entre 2012 y 2014 ayudaron a ahorrar 2.300 millones de euros.

También marca qué tipo de medidas puede poner en marcha para sostener el gasto sanitario, sobre todo las relacionadas con el farmacéutico. Las medidas aprobadas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2017 -centralizaciones, actualización permanente de precios, uso mayoritario de genéricos, así como el polémico copago, entre otras- han permitido ahorrar 7.300 millones de euros, descendiendo la partida en un 8,6% en apenas seis años. Por ahí parece ir la senda del nuevo Estado del Bienestar «racional» al que España se ve abocada.

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