Un cobro indebido en Irun, en el origen del embrollo

A. A. SAN SEBASTIÁN.

La plusvalía municipal -el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana- no tenía en cuenta antes del fallo del TC , ni para bien ni para mal, el valor real de una operación de compraventa y se basaba en un incremento del valor del suelo que se determinaba por las revisiones catastrales sobre las que se establecía también el recibo del IBI.

Pero el Alto Tribunal consideró inconstitucionales los impuestos que afecten a «aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia». De esa forma, el TC anuló parcialmente la Norma Foral que regulaba el impuesto y urgió a la Diputación a modificarla para no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos, es decir, la ejecución de ventas de inmuebles con pérdidas. En mayo, el Constitucional hizo extensivo su fallo a la normativa sobre el impuesto vigente en todo el Estado.

La sentencia del Alto Tribunal respondía a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Donostia. El caso en cuestión, que adelantó DV en 2015, tenía su origen en un recurso judicial de una promotora inmobiliaria, Bitarte, contra la liquidación del impuesto que le giró el Ayuntamiento de Irun tras haber vendido una finca en esa localidad en enero de 2014. En concreto por el traspaso por 600.000 euros de unos terrenos que la compañía había adquirido en mayo de 2003 por 3.101.222,45 euros. «La venta se produce, por tanto, generando una clara minusvalía», remarcaba el juez. A pesar de ello, el consistorio irundarra le giró la liquidación del impuesto sobre las plusvalías por 17.899,44 euros. Bitarte presentó una reclamación al propio consistorio que fue rechazada, tras lo cual la promotora recurrió a la vía judicial.

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