Las dudas de Bruselas ponen en peligro el acuerdo entre PP y PNV sobre el peaje eléctrico

Las dudas de Bruselas ponen en peligro el acuerdo entre PP y PNV sobre el peaje eléctrico

El expediente informativo de la Comisión Europea «complica mucho» la rebaja de los costes, que beneficiaría a 170 de las 200 empresas más importantes de la industria vasca

DV

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado que la Comisión Europea ha trasladado un expediente informativo al Ministerio por el acuerdo alcanzado el pasado año entre PP y PNV sobre el peaje eléctrico en Euskadi y contra el que el Defensor del Pueblo Catalán presentó una denuncia impulsada por la Generalitat de Cataluña. Los jeltzales se han apresurado a reaccionar y ha exigido al Gobierno de Rajoy que «cumpla lo pactado».

Nadal ha firmado este lunes en Bilbao el convenio para la celebración del Consejo Ejecutivo de la OMT en Euskadi donde, a preguntas de los periodistas, se le ha cuestionado por la reforma del peaje eléctrico en Euskadi tras el acuerdo alcanzado el pasado año por PNV y PP en el marco de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Al respecto, el ministro ha incidido en que su materialización requiere que este año se cuente con Presupuestos Generales en el Estado, así que «la pregunta es también quién va apoyarlos», ha puntualizado. Asimismo, ha advertido de que también se requiere que la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideren «correcto desde el punto de vista de ayudas de Estado» el cambio tarifario, cuestión que ha «complicado muchísimo» las dos denuncias planteadas por instituciones catalanas.

En este sentido, ha anunciado que la Comisión Europea ha «mandado un expediente informativo al Ministerio para que lo respondamos», ha añadido. «Pensamos que es una operación buena porque ayuda a la política industrial el hecho de materializar una rebaja de los costes energéticos», ha afirmado, para añadir que se trata de una cuestión «perfectamente planteable» ante las autoridades comunitarias. No obstante, ha insistido en que «si tenemos una demanda preventiva, lo complica mucho».

«Discriminación histórica»

Pero vayamos al grano de las reivindicaciones de unos y las quejas de otro que nos han llevado a este estado conocido ayer pero que lleva varios meses cociéndose. Todo parte de la reivindicación de la industria vasca frente a una «discriminación histórica» que suponía un sobrecosto de 100 millones de euros en su tarifa eléctrica en comparación con otras regiones del Estado. En el año 2013 se corrigió la mitad del «agujero», y la segunda parte, se pretendía subsanar en 2018 gracias al pacto presupuestario alcanzado en mayo entre PP y PNV.

Ambos acordaron suprimir la tarifa 6.1b, que es la que pagan las empresas para tensiones de entre 30 y 36 kV, y que pasarán de abonar 26,42 euros el megawatt por hora a pagar 14,97. Esta modificación no solo beneficia a 170 de las 200 empresas más importantes de la industria vasca, sino que además también se pueden acoger compañías de Navarra, Andalucía, Cantabria o Asturias.

Pero no las catalanas, ya que el cambio de tarifa energética no contempla su aplicación en el tramo de tensión de 25 kV, en el que ellas están incluidas. Según denuncian, la decisión de no incluir en el acuerdo a las empresas que están en redes de 25 kV mantendrá el sobrecoste aproximado de 200 millones de euros al año para 3.277 firmas catalanas que a principios de junio presentaron su queja al Síndic.

El PNV exige «cumplir lo pactado»

A modo de reacción, el PNV ha exigido al Gobierno del PP que «cumpla lo pactado» y aplique la nueva tarifa eléctrica a las empresas vascas. Los jeltzales han advertido de que van a ser «exigentes» porque el PP, «por el momento, está incumpliendo el pacto y eso lo están pagando las empresas vascas».

Por ello, ha emplazado al Gobierno de Rajoy a que «cumpla lo acordado y aplique la nueva tarifa, no solo a las empresas vascas, sino a las empresas que tienen esa tensión». De este modo, ha indicado que estas sociedades percibirían el dinero con carácter retroactivo y no saldrían perjudicadas.

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