60.000 vascos se exponen a pagar más por la luz al no renovar el bono social eléctrico

El bono social eléctrico comenzó a aplicarse en el Estado en diciembre de 2016, concebido como una ayuda para hogares con dificultades económicas. Las familias que han acreditado esta situación se benefician de un descuento en el recibo de la luz de entre el 25% y el 40%. En octubre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto, modificando los requisitos de acceso e incluyendo algunas mejoras para combatir de manera más eficaz la pobreza energética. Sin embargo, de un total de 2,4 millones de beneficiarios en todo el Estado, solo 600.000 han pedido acogerse al nuevo sistema, un trámite obligatorio para seguir gozando de un recibo rebajado.

En Euskadi, la proporción es similar. Según los datos aportados por Iberdrola, que sirven como referencia dado su dominio del mercado vasco -un millón de clientes- , solo el 25% de los acogidos al bono eléctrico han solicitado su pase al nuevo. En concreto, la eléctrica tiene registradas 77.844 personas perceptores del bono, de las que solo 20.182 han pedido el cambio.

Por territorios, Bizkaia cuenta con 45.270 hogares con descuentos (11.821 han solicitado el nuevo sistema), 21.902 en Gipuzkoa (5.638 solicitudes) y 10.681 en Álava (2.723). En consecuencia, 57.672 clientes de Iberdrola tienen que presentar la documentación si quieren seguir viendo reducida su tarifa. Por tanto, tres de cada cuatro perceptores deben renovar el contrato, aunque en realidad el número total de vascos que deben dar este paso es superior, cerca de 60.000, porque también operan otras compañías, como EDP, Gas Natural Fenosa o Endesa. Esta última cuenta con 403 clientes en el País Vasco registrados en el bono social, habiéndose recibido 372 peticiones del nuevo. EDP dispone de 615.000 contratos de luz, gas y servicios, de los que 2.200 están acogidos al bono antiguo y 900 al nuevo (1.400 solicitudes).

¿Qué consecuencias tendrá no presentar los documentos para el 8 de octubre? No caben medias tintas. Salvo nueva prórroga, se perderá el derecho a los descuentos y, por tanto, se aplicará la tarifa ordinaria, hasta que se realice una nueva petición y esta sea aprobada. A la vista de que numerosos perceptores hicieron caso omiso del primer plazo y para evitar que se repita la misma situación en el segundo, el Gobierno central iniciara una campaña informativa sobre la cuestión. Desde ayer, ha abierto un canal de información en internet a través de la dirección bonosocial.gob.

La reforma del bono mejora la situación anterior, entre otras cosas, porque también incluye una serie de medidas que alcanzan a todos los usuarios, reforzando su protección.

Así, antes de iniciar el proceso de corte de suministro, los impagos deberán reclamarse mediante comunicaciones fehacientes. No podrá interrumpirse hasta que hayan pasado dos meses de la reclamación fehaciente del pago (cuatro meses si el consumidor está reconocido como vulnerable). La modificación también afecta a los descuentos. Estos se aplicarán en función de la renta y no por los parámetros que se venían usando, como tener contratada poca potencia, percibir una pensión mínima y estar todos los miembros de la familia desempleados. El real decreto establece tres categorías de consumidores vulnerables y fija los umbrales de renta para los diferentes descuentos.

El nuevo decreto, para tener derecho al 25% de descuento, fija en 18.637 euros al año los ingresos máximos en hogares con dos hijos; 14.910 euros para los de uno; y 11.182 euros para las que no tengan descendientes. La rebaja puede alcanzar el 40% si las rentas se sitúan en los 9.318, los 7.455 y los 5.591 euros, respectivamente. Además, las familias numerosas, los pensionistas con prestaciones mínimas y los hogares en riesgo de exclusión social también podrán acceder a estas ventajas.

El nuevo bono estipula restricciones. Entre ellas, un límite de consumo bonificable, por encima del cual se aplicará la tarifa ordinaria. Este tope se sitúa en 1.680 kw/h anuales para los pensionistas que cobran la paga mínima, 1.200 para las familias sin hijos, 1.680 para las que tienen un menor y 2.400 en el caso de los hogares con dos menores. A las familias numerosas se les aplica un límite de 3.600 kw/h.