Los acusados de las ‘black’ cierran filas ante el tribunal: no había límite de gasto y Hacienda las conocía

Vista del monitor de la sala de prensa en la Audiencia Nacional donde se retransmite la declaración de Estanislao Rodríguez-Ponga./
Vista del monitor de la sala de prensa en la Audiencia Nacional donde se retransmite la declaración de Estanislao Rodríguez-Ponga.

Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda, declara que en Caja Madrid le dijeron que el dinero era suyo pero él solo sabía el saldo anual y no los movimientos

JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Ya han declarado una decena de acusados en el juicio de las llamadas tarjetas black y, de momento, todos han cerrado filas ante el tribunal en torno a una misma tesis: los plásticos que les dieron eran para gastos de libre disposición y no eran ni mucho menos opacas, o al menos no tanto como se supone porque la Agencia Tributaria tendría conocimiento de que se estaban usando, al menos de forma general al tener acceso a la cuenta de Caja Madrid (y luego Bankia) donde se iban computando los cargos correspondientes. El más firme en defender este miércoles dicha versión de los hechos fue Estanislao Rodríguez Ponga, exconsejero de la entidad de ahorros, quien responsabilizó a esta última de cualquier posible irregularidad.

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Rodríguez Ponga, que al igual que varias decenas más de los hasta 65 acusados por la presunta apropiación indebida de hasta 15 millones de euros con esas tarjetas entre 1999 y 2012 tenía claros vínculos con el mundo de la política, fue el primero de la denominada clase media de los acusados en comparecer en la sala de vistas de a Audiencia Nacional tras las declaraciones de los tres considerados máximos responsables: Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez-Barcoj. Según él, la primera vez que le dieron una tarjeta como las citadas fue en junio de 2006 y el entonces secretario general del consejo de administración de la caja madrileña, Enrique de la Torre, le comentó que era para gastos de representación y, además, no tenía que justificarlos.

La culpa, de nuevo, a un muerto

Casi es una regla matemática, aunque no escrita. En todo proceso judicial donde haya un muerto al que poder echarle la culpa no faltara el acusado que opte por esa vía fácil, por más que resulte complicada de creer parte de su versión. Este miércoles volvió a ocurrir lo mismo con varios exconsejeros de Caja Madrid, nombrados tanto a propuesta del PP como del PSOE, quienes coincidieron en apuntar al que fuera secretario general de Caja Madrid, Ángel Montero (fallecido en 2000), como la persona que les dio sus tarjetas de crédito y, a la vez, quien les dijo que eran parte de su retribución y no tenían que justificar gasto alguno, es decir, nada de facturas.

Así, el que fuera secretario de organización del Partido Socialista madrileño, Antonio Romero, declaró a preguntas del fiscal que Montero le comentó que era un sistema de compensación a los consejeros aprobado desde 1988 la misma versión que sostiene el expresidente, Miguel Blesa, para descargar culpas en su antecesor, Jaime Terceiro- y que solo se tenia que preocupar de no pasar el limite. En una línea parecida, el también exconsejero y antiguo secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, dijo que se no se le dio ninguna indicación especial. Gasté durante 18 años señaló- sin que nadie me dijera nada. José Antonio Moral Santín, quien llegó a ocupar una de las vicepresidencias de la caja a propuesta de IU, abundó igualmente en la misma tesis.

Por su parte, el que fuera mano derecha de Rodrigo Rato, quien le llevó a Caja Madrid como consejero (y luego vicepresidente) tras haberle tenido como secretario de Estado de Comercio en el Ministerio de Economía, dijo que le comentaron que era una tarjeta de libre disposición completamente legal. ¿Cómo puede ser que no lo sea una tarjeta que va contra mi salario?, llegó a preguntar en voz alta durante el interrogatorio del fiscal, a quien aclaró que si devolvió 170.000 de los casi 187.000 euros que gastó fue solo por la presión mediática, de manera que sí es declarado inocente pedirá que se le restituya ese dinero.

Tanto es así, continuó, que llegaron a darle una clave PIN para que pudiera sacar dinero libremente de los cajeros con el único tope de su asignación anual, e insistió en que pese a ser de representación entendió, con arreglo a la ley, que era una cantidad fija sin necesidad de explicar en qué me lo gastaba. Me dijeron rememoró a preguntas del fiscal Alejandro Luzón- este dinero es tuyo y podrás disponer de él. Lo curioso es que según los movimientos bancarios aportados por Bankia en 2014 Rodríguez Ponga no agotó su saldo anual, pese a que en teoría sería una parte más de su sueldo; pero el acusado negó la mayor, descalificó -como casi todos los acusados- esos archivos Excel por incurrir en grandes errores, con gastos duplicados y triplicados, y sostuvo que sí lo gastó todo (255.372 euros con su black hasta que salió del banco) porque si no lo agotaba lo perdía-

El representante de la Fiscalía Anticorrupción aprovechó entonces para detallar parte de sus gastos personales con la tarjeta era el primer acusado con quien lo hacía- y preguntarle al respecto si no los reconocía. Rodríguez-Ponga le respondió que el problema era que nunca pudo conocer esos movimientos porque Caja Madrid, como dueña de la tarjeta, solo le daba los saldos y él tampoco tenía forma de revisarlos. ¿No pudo saber si le metían 8.000 euros de gastos en Hipercor que usted no había realizado y que iban contra su propio patrimonio?, ¿es esa una forma razonable de gestionar su remuneración no llevar un control de gastos?, le cuestionó Luzón. Su respuesta, en línea con lo que declaró Miguel Blesa el viernes pasado, fue que como el sistema llevaba establecido 18 años, yo lo admití como una cosa que venía funcionando de esta manera.

Sensación de descontrol

En cualquier caso, Rodríguez Ponga no pudo evitar que el tribunal volviera a tener la misma sensación de descontrol interno en Caja Madrid sobre dichas tarjetas que ya sintió oyendo a otros acusados. Y en su caso más agudizada aún porque admitió que, pese a haber trabajado en su asesoría fiscal desde 1999 luego le reclamaría el hoy ministro en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro, para ser su número dos-, nunca le pidieron que analizara la trascendencia tributaria de esas tarjetas y tampoco tuvo conocimiento de su existencia (hasta recibir la suya n 2006). Pero ello no fue óbice para que defendiera ante el tribunal que el fisco si las conocía.

Hemos visto en la causa actas de inspección de Hacienda de 2003 y de 2006 del impuesto de sociedades donde se demuestra que sabia la cuenta donde se cargaban y, por tanto, la existencia de las tarjetas, afirmó. Incluso añadió que la Agencia Tributaria había suspendida las investigaciones abiertas a los titulares de las mismas por posibles irregularidades, a lo que el fiscal le matizó que se había decidido eso precisamente hasta que concluyera el procedimiento penal abierto.

Las dudas sobre lo qué pasaba con las black también se extienden a su contabilización. Cuando le llegó el turno de declarar a Antonio Romero, otro de los consejeros acusados (gastó 252.009 euros), Luzón le preguntó si como miembro de la comisión de retribuciones de la caja de ahorros supo si se incluyeron en el informe anual de remuneraciones, y también en el corporativo. Respondió que cree que si pero lo desconoce a ciencia cierta porque el asunto no pasaba por ellos al ser una cuestión manejada por la presidencia (primero Blesa y luego por Rato). Se nos daba por hecho, apostilló para a continuación admitir con sinceridad que no sabría decir si en la cifra agregada final se incluyen también los abonos de los polémicos plásticos.

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