El alza del 1,6% de las pensiones tendrá un coste futuro de 40.000 millones

BBVA Research estima que mantener el poder adquisitivo requiere de alcanzar los 28 millones de afiliados o subir los impuestos un 35%

LUCÍA PALACIOSMADRID.

El pacto al que han llegado el Gobierno y el PNV para subir las pensiones un 1,6% este año y el próximo -para satisfacer la demanda de revalorizarlas según los precios- tendrá un coste no solo para los dos próximos ejercicios, sino que se mantendrá a lo largo de la vida de los actuales beneficiarios, hasta el punto de suponer un desembolso total para la Seguridad Social de unos 40.000 millones de euros, según los cálculos realizados por BBVA Research. Esta organización ha tenido en cuenta que se trata de un derecho aplicable a 2018 y 2019, pero que se consolida para 9,5 millones de prestaciones.

El gasto actual en pensiones se sitúa en el entorno de los 130.000 millones al año, por lo que si lo se aumenta un 1,6%, supone 1.600 millones más para este ejercicio, cifra estimada también por el Gobierno. Pero la revalorización se consolida de forma permanente en el tiempo y supone que en 2019 habrá un gasto extra de 3.200 millones. Es decir, en estos dos años se habrá incrementado el desembolso hasta los 4.800 millones. Aunque finalmente se quede en una subida puntual, ésta se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital de los actuales 8,5 millones de pensionistas, sobre quienes se estima una esperanza de vida media de unos 12 años: los que se jubilen ahora tienen una esperanza de vida media de 22 años, pero hay también muchos de ellos que ya lo exceden.

La otra medida pactada entre PP y PNV para los próximos Presupuestos es retrasar hasta 2023 la entrada en vigor del 'factor de sostenibilidad', un mecanismo que vincula las nuevas prestaciones con la esperanza de vida y que supondría una merma de las nuevas pensiones en torno a medio punto anual acumulable. Es decir, durante estos tres años de 'suspenso' se dejará de reducir las nuevas jubilaciones punto y medio (una media de 75 euros al año), algo que vendría a corregir un poco el efecto sustitución que se sitúa en el 1,6%. Teniendo en cuenta que las nuevas altas suponen unos 6.000 o 7.000 millones de euros, al cabo del tiempo se va acumulando. Es decir, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad «supondría al cabo de cuatro años un 2% menos de gasto permanente, para siempre», recalcó ayer el responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, en una jornada del Consejo General de Economistas. «Si queremos hacer las cosas bien y subir las pensiones con la inflación sin poner en riesgo el sistema, hay que poner recursos adicionales para sufragar el gasto», advirtió el economista, que apuntó que harían falta 18.000 millones extra cada año para sufragar esa carga de 40.000 millones y corregir el déficit.

Si actualmente hay 8,5 millones de pensionistas, en 2050 habrá más de 15 millones. Para sufragar las mismas prestaciones a ese colectivo, si no se aumenta el tipo de cotización ni los impuestos, el sistema tendría que tener 28,5 millones de afiliados, diez millones más que ahora.

Ante el reto de alcanzar esa cifra, habría dos opciones para mantener el poder adquisitivo de los mayores, en ausencia de otras medidas: subir el tipo de cotización, que pasaría del 28,3% actual al 40,8% en 2060 o elevar impuestos, de forma que habría que aumentar un 35% el IVA o el IRPF. «Si todo el peso demográfico lo hacemos recaer sobre las cotizaciones o los impuestos, corremos el riesgo de que la sociedad alcance su límite de tolerancia, como en Portugal o Grecia», según Doménech.

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