El fallo de las plusvalías pone bajo la lupa 15.000 ventas inmobiliarias en Gipuzkoa

Por tanto, el foco de la explosión se centra a día de hoy en Gipuzkoa, donde la Diputación está trabajando en la adaptación de la Norma Foral para dar respuesta al auto del TC, y a su vez, los contribuyentes velan armas ante los ayuntamientos para reclamar lo que se les haya podido cobrar de forma anticonstitucional. «El coste para los consistorios puede ser excesivo, por lo que solicitamos a todos los contribuyentes que tengan dudas, que empiecen a impugnar», explica el responsable fiscal de la consultora Ayming, David García Vázquez.

Desde los bufetes apuntan esta premura debido a que el Constitucional podría incluir en los pronunciamientos que todavía le restan en torno a este tributo, algún tipo de limitación tanto de tiempo como de cantidades si observa que la devolución a la que se enfrentan los consistorios es excesivamente elevada.

Actualmente, hay recursos pendientes en torno a la Norma Foral de Álava, y la Ley de Haciendas Locales en Barcelona, Jerez y Madrid. «Desconocemos si esas cuestiones se aclararán este año, por lo que recomendamos recurrir cuanto antes», añade García Vázquez.

Los asesores aconsejan que se reclame lo abonado de más en las operaciones registradas de hace cuatro años a esta parte y para ello, el contribuyente «deberá presentar las escrituras de compra y venta como pruebas que justifiquen que no han registrado ningún beneficio con la transacción». Con esa prueba, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, cualquier particular podría presentar la solicitud de ingresos indebidos en el ayuntamiento correspondiente. En el caso de que la afectada sea una sociedad, sería necesaria «una prueba pericial, lo que complica algo el caso».

Los expertos señalan que los consistorios no darán tan facilmente su brazo a torcer y tratarán de demorar en la medida de lo posible cualquier respuesta administrativa. «La reclamación, al menos, sirve para paralizar la prescripción del caso», sostiene García Vázquez, por lo que sería un movimiento indispensable para los que abonaron este impuesto en el año 2013. «Lo que sí que parece claro es que no se contempla la retroactividad total, a no ser que en un futuro el Tribunal Europeo o el Supremo se pronuncien», concluye.

La vía judicial

Se teme que la gran mayoría de los casos que lleguen a las administraciones locales -si no se articula algún mecanismo que atienda estas reclamaciones- sean denegados y deban buscar en la vía judicial la restitución de las cuantías abonadas de forma anticonstitucional. Una alternativa que no compensaría a muchos afectados, ya que los costes judiciales podrían ser más elevadas incluso que las devoluciones que ingresaran. «Esa es la justificación por la que los casos que están llegando hasta el TC son por reclamaciones interpuestas por sociedades o promotoras», expone José Luis Polo, presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (API).

El caso guipuzcoano por el que se pronunció el TC tuvo su origen en un recurso judicial de la promotora inmobiliaria Bitarte contra la liquidación del impuesto que le giró el Ayuntamiento de Irun tras haber vendido una finca en esa localidad el 22 de enero de 2014. El precio de la transacción fue de 600.000 euros, por unos terrenos que la compañía había adquirido el 23 de mayo de 2003 por 3.101.222,45 euros. A pesar de ello, el consistorio irundarra le giró la liquidación del impuesto sobre las plusvalías por un importe de 17.899,44 euros. «Los ayuntamientos se han alimentado de muchos casos de particulares a los que no se les debía cobrar pero que sabían que no iban a recurrir por la vía judicial», apunta Polo.

Pero ahora los consistorios tendrán que plantearse cómo responder a la oleada de reclamaciones que les llegarán tras conocerse la sentencia del TC. Desde 2013 y hasta el tercer trimestre de 2016 se han registrado en Gipuzkoa, según las estadísticas de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Fomento, 14.681 operaciones de este tipo, las cuales, por supuesto, habrán tenido que abonar su correspondiente Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -nombre oficial del gravamen sobre plusvalía-. A falta de conocer el número de operaciones correspondientes a los tres meses finales del pasado ejercicio, no es osado pensar que en estos momentos se encuentran bajo análisis más de 15.000 transacciones inmobiliarias en el territorio. «Hay una cosa clara, si la vivienda se ha adquirido entre 2001 y 2007 y se ha vendido después, todas esas operaciones tienen una pérdida patrimonial», señala el presidente de los API, por lo que entiende que un porcentaje importante de esas transacciones desde 2013 han sido gravadas con un tributo que no se debía devengar.

«Esta historia se veía venir desde lejos y los ayuntamientos lo conocían», sostiene además Polo, que argumenta que la vivienda se ha convertido en «el gran recaudador» para los municipios, ya que cada transmisión conlleva una carga fiscal.

Las constructoras

Este melón que se ha encargado de abrir ahora el Tribunal Constitucional plantea una serie de interrogantes que no será fácil que se puedan solucionar aunque posteriores dictámenes extiendan al Estado la necesidad de modificar la Ley de Haciendas Locales para librar de esta plusvalía las transacciones solventadas en pérdidas. Una buena pregunta gira en torno a las promotoras que ahora están quebradas y que, en muchos casos, mantienen una deuda importante con las distintas haciendas forales o la Agencia Tributaria.

«Algunos promotores pasaron de vender pisos a 400.000 euros, por ejemplo, a hacerlo en 200.000, y aun así debían abonar la plusvalía», confiesa Polo. Y para rizar el rizo, algunos concursos de acreedores supusieron que algunos particulares debían abonar la plusvalía que correspondía a la promotora tras adquirir la casa en liquidación. Sin embargo, la empresa sigue siendo el sujeto pasivo por lo que sería la única que podría reclamar esas cuantías a los ayuntamientos. Decenas de incógnitas que abre el pronunciamiento del TC.