Diario Vasco

Bruselas mete presión para liberalizar el sector de la estiba bajo amenaza de fuertes multas

  • La comisión recuerda que el Gobierno debe cumplir la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE

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Y apareció Bruselas. El duro tira y afloja que estos días están manteniendo los trabajadores del sector portuario de la estiba (carga y descarga de mercancías) con el Ministerio de Fomento tuvo ayer un invitado inesperado, el peor, el más temido: la Comisión Europea. El portavoz jefe de la institución, Margaritis Schinas, entró de lleno en el conflicto para meter presión y recordar al Gobierno español que debe cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que le obliga a liberalizar un sector cerrado a cal y canto en lo referido a la contratación del personal o sus condiciones laborales. La huelga convocada y la falta de apoyo político para aprobar el polémico decreto 'ad hoc' en el Congreso hizo que el miércoles por la noche, Fomento reculase, lo que ha provocado que Bruselas se impaciente todavía más, como desvela una alta fuente comunitaria. «Deben darse prisa, el tiempo se acaba», advierte. Y es que las multas están a la vuelta de la esquina y no serán migajas.

«Hay una necesidad de que la ley española refleje las conclusiones del Tribunal de Justicia de la UE», recalcó Schinas, que decidió hablar él en lugar de delegar en portavoces de segundo rango para darle más relevancia al asunto. El mensaje estaba preparado desde arriba y no fue casual. Quería lanzarlo y lo hicieron: «El TJUE sentenció que el régimen laboral de los puertos españoles crea restricciones injustificadas al establecimiento de operadores portuarios. La Comisión está en contacto con las autoridades españolas para encontrar una solución. Las dos partes compartimos el interés común de un sistema laboral portuario que sea compatible con la ley europea, que garantice la competitividad de los puertos españoles, a la vez que ofrece un adecuado nivel de protección a los trabajadores», recalcó. En la actualidad, el sueldo medio del sector ronda los 68.000 euros anuales.

En este sentido y respecto al minuto y resultado de la negociación que a varias bandas se está produciendo en España (entre partidos, entre Fomento y el sector...), quiso ver el vaso medio lleno. «Las negociaciones están en marcha, están avanzadas y estoy seguro de que emergerá una solución que cumpla con estos requisitos», manifestó.

«Una sangría»

La polémica acaba de estallar pero viene ya de muy lejos. En 2013, la Comisión llevó a España ante el TJUE al considerar que la legislación portuaria en relación a la estiba era contraria a la legislación comunitaria, tal y como el Alto Tribunal falló el 11 de diciembre de 2014. El Gobierno tenía hasta febrero de 2015 para modificarla pero siguió mirando hacia otro lado, lo que hizo que Bruselas volviese a la carga y por segunda vez, denunciarse el caso ante el TJUE. Lo anunció el 28 de abril de 2016 y el recurso entró en el Tribunal con fecha de 13 de julio. Todavía no hay fallo pero España, salvo milagro, ya sabe que volverá a perder porque ha seguido sin hacer nada todo este tiempo. Ojo con esta sentencia que es clave ya que una vez se emita, comenzará el temido proceso de sanción de las multas diarias hasta que el Gobierno cumpla con la ley.

Precisamente, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pidió ayer «responsabilidad» al resto de formaciones para sacar adelante el decreto cuanto antes en el Congreso porque de no hacerlo, «el país se expone al pago de una multa de 134.000 euros diarios hasta que cumpla con lo estipulado en el derecho comunitario. Sería una sangría para el bolsillo de todos los españoles», alertó.

Pese al runrún de ciertos mentideros, aún no se ha puesto ninguna multa y puede que ni siquiera la haya. Todo depende del recurso presentado por la Comisión el 13 de julio de 2016. Según consta en el escrito, Bruselas pide dos tipos de multas: la primera, de 27.552 euros diarios desde el momento de la primera sentencia (desde el 11 de diciembre de 2014), y la segunda, de 134.107,2 euros diarios que comenzarían a contar desde el día en que se dicte la segunda sentencia y hasta que el Gobierno acate el fallo modificando la ley española. Fuentes de la institución señalaron que se prevé su publicación para «mediados de año», pero sólo es una estimación.

«Las decisiones judiciales del TJUE deben ser respetadas y acatadas. Tanto si dicen que las cláusulas abusivas de las hipotecas eran ilegales, como las que aseguran que el sector español de la estiba no se ajusta a la legislación europea», explican con ironía las fuentes consultadas. Bruselas ha hablado. De nuevo.

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