El Gobierno Vasco anuncia una Ley de Empleo Público, que los sindicatos urgen a consensuar

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, afirmó ayer que en 2030 se habrá jubilado el 68% de la plantilla de la Administración general de Euskadi, y destacó que además del envejecimiento del personal hay otros retos a afrontar en este ámbito que hacen que sea necesario contar con una nueva Ley de Empleo Público. «No tenemos tiempo que perder», aseguró. Así, aludió a la «eleveda interinidad y a las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres» dentro de la Administración vasca.

Erkoreka defendió que la puesta en marcha de gran parte de las actuaciones para abordar dichas cuestiones pasan por contar en esta legislatura con una nueva Ley de Empleo Público Vasco, que debe ser un trabajo conjunto». El responsable de la Función Pública apeló a la voluntad de todos para poder acometer con premura esta tarea así como a la responsabilidad tiene cada uno en el proceso para actualizar una ley que tiene más de 35 años.

El Gobierno Vasco intentó en la anterior legislatura aprobar una Ley de Empleo Público. El anteproyecto de ley que envió al Parlamento cosechó el rechazo frontal de los cuatro sindicatos vascos, ya que no fue negociado con ellos y no incluía prácticamente ninguna de sus reclamaciones, lo que hizo que finalmente no se llegara a aprobar.

Para que no se repita la situación, las centrales vascas reclaman a Josu Erkoreka que no se cometan los errores del pasado y que el Ejecutivo Vasco abra un proceso real de negociación para poder consensuar una ley moderna que dé respuesta a los problemas existentes y a las necesidades de la plantilla. «Se requiere un consenso importante para que se pueda aprobar con prontitud», recalca Mari Cruz Vicente, responsable de Negociación Colectiva de CC OO de Euskadi, para quien la Administración Vasca lleva años arrastrando una elevada temporalidad e interinidad, entre otras cuestiones por la falta de OPEs, lo que provoca además su paulatino envejecimiento. Considera que una Administración no se improvisa y que se requiere de una planificación de la que ha adolecido en las dos últimas legislaturas.

El sindicato ELA se muestra también muy tajante al respecto. Según sus datos, en la actualidad hay más de 45.000 trabajadores temporales en la Administración pública vasca, lo que supone el 35% del total. La central ha denunciado en reiteradas ocasiones que se están cubriendo con empleo temporal necesidades estructurales y señala que una muestra de ello es que en los últimos años se han destruído más de 21.400 empleos públicos en la CAV. Igor Eizaguirre, responsable de Servicios Públicos de ELA, aboga por cambiar de raíz las formas de contratación, lo que conllevaría la creación y consolidación de más de 35.000 empleos de calidad y estables en el ámbito público.

Solicitud de CC. OO.

Eizaguirre hacía estas declaraciones a raíz de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE -14 de septiembre de 2016- en las que equiparaba la indemnización de los trabajadores temporales con los fijos y también decía que no se pueden cubrir puestos de trabajo estructurales con empleos temporales. Dos sentencias que han supuesto un fuerte varapalo para las Administraciones públicas.

Las centrales vascas llevan meses reclamando que se convoque la Mesa de la Función Pública para abordar estas cuestiones, ya que la Administración vasca está rechazando las reclamaciones que presentan los trabajadores, lo que está derivando el conflicto a la vía judicial.

Tras conocoer las sentencias, el Ejecutivo indicó que elaboraría un mapa de la temporalidad y que lo presentaría en la Mesa de la Función Pública. El foro está convocado para este jueves, pero en el orden del día no figura este punto, lo que ha soliviantado a los sindicato. CC OO envió ayer una carta a Josu Erkoreka reclamando que entre las cuestiones a abordar figure un análisis de las sentencias del TJUE y los planes del Gobierno Vasco al respecto, así como otro punto sobre si tiene previsto convocar OPEs para estabilizar el empleo.