Diario Vasco

Veto a que los trabajadores financien una fundación de un convenio estatal

Unos camareros montan una mesa en un restaurante de la costa española.
Unos camareros montan una mesa en un restaurante de la costa española. / JAVIER MARTÍN
  • El Supremo anula «por ser ilegal» la pretensión de la patronal de hostelería y de CC OO y UGT de obligar a los empleados a aportar un porcentaje de sus salarios

El Tribunal Supremo ha dado un varapalo a la pretensión de las patronales estatales de hostelería y de los sindicatos CC OO y UGT de financiar una fundación incluida en el IV Acuerdo laboral del sector obligando a los trabajadores a aportar un porcentaje de su sueldo. El alto tribunal señala en su fallo, al que ha tenido acceso DV, que la cláusula suscrita en el acuerdo es «ilegal porque no se puede hacer sin el consentimiento expreso del trabajador y sin un apoyo de una norma con rango de ley».

La sentencia fue dictada el pasado 30 de junio y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre. En la misma da la razón a la Dirección General de Empleo, que recurrió dicha cláusula al considerarla ilegal. El IV acuerdo Laboral se suscribió el 27 de julio de 2010 con la rúbrica de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y la Federación Española de Hostelería, por parte de la patronal, y los sindicatos CC OO y UGT.

El 26 de noviembre de 2013 las mismas partes negociadoras modificaron el capítulo V añadiendo un anexo en el que se contemplaba la creación de la Fundación Laboral Hostelería y Turismo, un órgano paritario cuya finalidad era el fomento de la formación profesional, de la investigación y mejora del empleo, así como la promoción y desarrollo de acciones de mejora de la salud laboral y seguridad en el empleo, entre otras cuestiones.

Respecto a su financiación, el acuerdo establecía que los trabajadores que presten sus servicios en el sector de hostelería estaban obligados a aportar de sus salarios el 0,10% calculado sobre la base de cotización de contingencias comunes, mientras que las empresas debían de hacerlo en la misma proporción.

Al ir a registrar la modificación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social solicitó a los firmantes que se suprimiera dicha obligación. Las partes requeridas no accedieron a subsanarlo, por lo que el Ministerio impugnó de oficio el acuerdo ante los tribunales. La Audiencia Nacional desestimó la demanda y dio la razón a los firmantes del acuerdo, por lo que el Ministerio recurrió ante el Tribunal Supremo, que obliga a anular dicha cláusula.

El fallo señala que las partes firmantes no pueden establecer obligaciones pecuniarias que supongan de facto una detracción salarial de la nómina de los trabajadores, y establece que lo suscrito en el Acuerdo Marco es ilegal porque no se puede hacer sin el consentimiento expreso de los trabajadores y sin un apoyo de una norma con rango de ley.

Además, apunta que la aportación a la Fundación sería, en todo caso, voluntaria y personalísima, equiparable a una donación o la decisión de afiliarse a un sindicato, pero nunca forzada. Asimismo, la sentencia establece que varios de los fines de la Fundación no van dirigidos a los trabajadores a los que se les obliga a financiarla, sino que se persigue financiar cuestiones que por ley son responsabilidad de las empresas.

Finalmente, el Tribunal Supremo establece que el Acuerdo suscrito no prevé ningún tipo de mecanismo por el que el trabajador pueda apartarse ni antes ni depués de dicha aportación.

El sindicato ELA, que al igual que LAB se ha mostrado muy beligerante con los acuerdos estatales en la medida en que considera que cercena su capacidad de negociar en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca -incluso ha iniciado una batalla judicial contra el Acuerdo de Colectividades-, se congratula de que el Tribunal Supremo haya declarado nulo dicho precepto del Acuerdo Marco de Hostelería. Añade que CC OO y UGT y la patronal pretenden establecer «canons pagados por los trabajadores por la firma de convenios o por la creación de fundaciones», pero añade que bajo una «apariencia de utilidad el fin verdadero de dichas fundaciones no es otro que lograr financiación para ellos». Considera «una perversión que los sindicatos se financien por estos medios», y añade que establecer un sistema que retribuya a los sindicatos con canons por firmar convenios conllevaría que se daría prioridad a la necesidad de financiarse, en detrimento de los contenidos de los convenios.

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