Diario Vasco
Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV, conversa con Garbiñe Biurrun.
Juan Luis Ibarra, presidente del TSJPV, conversa con Garbiñe Biurrun. / IGNACIO PÉREZ

Las sentencias sobre temporales desafían la capacidad de respuesta de los juzgados vascos

  • La judicatura augura que la multitud de demandas no llevará al colapso pero sí a una situación complicada

  • La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no se ha reunido para abordar la situación y tampoco tiene previsto hacerlo en breve

. El pronunciamiento del Tribunal de la UE del pasado 14 de septiembre en el que equiparó las indemnizaciones de los trabajadores temporales a las de los fijos ha provocado todo un tsunami en el mercado laboral español, ya que abre la espita para que decenas de miles de empleados con contratos de duración determinada puedan reclamar ante la justicia cuando finaliza su relación laboral.

Las sentencias posteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJPV), que fue quien planteó la cuestión prejudicial ante la demanda de una empleada interina del Ministerio de Defensa, y la de este martes del Superior Vasco sobre una trabajadora temporal de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, dependiente de Osakidetza, han supuesto el pistoletazo de salida para que se pongan en marcha esos litigios. En los próximos días se espera además que el TSJPV dé a conocer también otra sentencia en el mismo sentido -el fallo está redactado pero aún no lo ha comunicado a las partes-, aunque en esta ocasión afecta a un trabajador temporal de la empresa privada, con lo cual se cubre ya todos los ámbitos: interinos y temporales del sector público y privado, con lo que se ensancha el campo de actuación.

Unas reclamaciones que los sindicatos vascos auguran serán muy numerosas y que dicen prodría colapsar los juzgados de lo Social y en última instancia el TSJPV. Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social y magistrada ponente de la sentencia -pionera en todo el Estado-, es consciente de que se producirá un gran volumen de reclamaciones. De hecho, la propia jueza ha animado a los trabajadores temporales a que presenten demandas para reclamar los veinte días por año trabajado que les corresponden según la nueva interpretación judicial, frente a los doce que establece la legislación española. Lo hizo en septiembre durante la charla que ofreció a los graduados sociales de Gipuzkoa, alentándoles a que dieran cauce a las reclamaciones de los interinos, y también anteayer al destacar que no se requiere ninguna reforma legal ni del Estatuto de los Trabajadores para su aplicación, porque hay una interpretación del Tribunal Europeo que tiene absoluta supremacía sobre el derecho nacional.

La magistrada tolosarra admite que si se materializa esa avalancha de reclamaciones que anuncian los sindicatos, así como los graduados sociales y los despachos de abogados, «complicará» el funcionamiento de los juzgados de lo Social, aunque cree que «no se producirá un colapso». Las reclamaciones se tienen que presentar una por una y no cabe hacerlo de forma agrupada, ya que cada caso es diferente. La Sala de Gobierno del TSJPV todavía no se ha reunido para abordar esta cuestión y según ha podido saber DV no tiene previsto hacerlo en los próximos días.

Mientras tanto, los servicios jurídicos de los sindicatos ya han puesto a todo su personal a trabajar a todo tren ante las primeras consultas de sus afiliados. El plazo de prescripción para los trabajadores del ámbito privado es de un año; es decir, que pueden reclamar todos aquellos cuyos contratos han quedado rescindidos a partir del 14 de septiembre de 2015 y los que se produzcan a partir de ahora. Por su parte, en el ámbito público, el plazo es de cuatro años. Precisamente, es la administración donde el volumen de contratación temporal es muy elevado. ELA, único sindicato que se ha atrevido a poner cifras, estima en 45.000 los trabajadores temporales que existen en dicho ámbito en Euskadi. También señala que la Administración vasca debería desembolsar más de 200 millones para indemnizar a sus trabajadores temporales. El grueso se concentra en Osakidetza y también en Educación.

Los sindicatos ya han indicado que están elaborando formularios para que sus afiliados puedan reclamar las cantidades que les corresponden. De hecho, están animando a todos los trabajadores temporales, independientemente de la duración de los contratos, a litigar una vez finalizada la relación laboral.

Admiten que esta es la solución para los contratos ya formalizados y los extinguidos en los plazos previstos de prescripción, pero en adelante las centrales sindicales consideran que la solucion tiene que venir por un acuerdo en la Mesa de la Función Pública para estabilizar los empleos precarios en el sector público y también por un cambio en la legislación que equipare los derechos de temporales y fijos, siempre que no sea a la baja, como se temen si se fomenta el contrato único.

Mientras tanto, serán los tribunales los que den respuesta. La sentencia de los temporales es recurrible y tendrá que ser el Supremo el que unifique doctrina si hay fallos dispares, lo que podría tardar un año.

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