Los sindicatos toman el testigo de Biurrun y animan a litigar a todos los temporales

De hecho, la propia ponente de la sentencia, la magistrada y presidenta de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, animó a todos los trabajadores temporales a que acudan a los tribunales si no reciben a la extinción de su contrato una indemnización de veinte días por año trabajado. Biurrun considera que la sentencia de la Unión Europea que igualaba las indemnizaciones por extinción de los contratos temporales e indefinidos se debe aplicar ya, tal y como ha interpretado el alto tribunal vasco respecto de una trabajadora de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, dependiente de Osakidetza.

Es más, la magistrada se mostró ayer muy tajante al señalar que «no hace falta ninguna reforma legal ni del Estatuto de los Trabajadores para su aplicación, porque hay una interpretación del tribunal europeo que tiene absoluta supremacía sobre el derecho nacional». Por ello animó a demandar esas indemnizaciones aunque, aclaró, que en muchos casos las cantidades a exigir van a ser mínimas.

Los trabajadores del sector privado tienen un año de prescripción para acudir a los tribunales a reclamar la diferencia entre los doce días por año trabajado que contempla la legislación española para los temporales y los veinte para los indefinidos, y los del sector público, de hasta cuatro años.

La sentencia del TSJPV ha sido acogida como agua de mayo por los sindicatos vascos, quienes llevan años reivindicando los mismos derechos para los trabajadores temporales que para los fijos. Y en línea con los dicho por Biurrun, las centrales también animan a todos los trabajadores temporales a que reclamen en los tribunales. De hecho están preparando ya numerosas demandas al respecto tras realizar campañas informativas entre sus afiliados y asesorarles al respecto. El secretario general de ELA, Adolfo 'Txiki' Muñoz, advirtió ayer que «será un trabajo ingente el que se nos viene encima si se generalizan las demandas de indemnizacón por despido de interinos y también de los temporales».

Arantza Agote, secretaria general de la Función Pública de UGT-Euskadi, también augura una avalancha de demandas que podría llevar al colapso a los juzgados de lo social. Y es que los sindicatos están alentando a todos los temporales, incluso a los que han tenido un contrato de pocos días, a que presenten demandas.

Ningún sindicato, excepto ELA se atreve a cuantificar el impacto en Euskadi de ambas sentencias, la de los interinos y la de los temporales, aunque todos coinciden en que se trata de miles de trabajadores, porque la temporalidad es muy alta, sobre todo en la Administración Pública Vasca.

La central nacionalista estima en 45.000 los trabajajadores temporales que existen en el sector público vasco. Asegura que tan solo con los temporales que hay en Osakidetza y en la Educación, el coste de las indemnizaciones ascendería a cuarenta millones en el primer caso y a once en el segundo, lo que multiplicado por cuatro años -el plazo de prescripción- supera los 200 millones.

«A todos los temporales»

Los sindicatos consideran que ambas sentencias, la que alude a los interinos y a los temporales afectan a todos los trabajadores con contratos de duración determinada del sector público, una interpretación de la que discrepa el Gobierno Vasco, quien considera que solo incumbre a los laborales y no a los funcionarios y al personal estatutario. Además, hay que recordar, que el TSJPV también tiene redactado, aunque a falta de publicación, otro fallo en el mismo sentido para un trabajador en este caso de la empresa privada, con lo que afectaría a todos los ámbitos.

Pero aunque los sindicatos están dispuestos a dar la batalla judicial y a no desaprovechar esa vía, también apuestan por dar una salida política negociada a la elevada temporalidad y a la precariedad de muchos contratos apostando por una estabilidad en el empleo, sobre todo en el sector público. Por ello reclaman que se convoque en Euskadi la Mesa de la Función Pública sin esperar a que se alcance un acuerdo en Madrid entre los agentes sociales y el Gobierno en funciones para modificar la legislación o el Estatuto de los Trabajadores.

Y es que tanto ELA como LAB temen que un cambio legislativo conlleve la deriva hacia el contrato único, una figura que defiende la patronal, así como Ciudadanos y el propio PP, que lo incorporó en los acuerdos con la formación naranja. UGT y CC OO de Euskadi recuerdan que también reniegan de esa figura, pero tienen la esperanza de que la comisión que se ha creado en Madrid entre el Gobierno y los agentes sociales sirva para adaptar la legislación a la sentencia europea y no para rasear las condiciones de trabajo, según recalca Mari Cruz Vicente, responsable de Acción Sindical de CC OO-Euskadi.

Los sindicatos son partidarios de explorar todas las vías. De hecho, Pazis García, responsable de los Servicios Jurídicos de LAB, apunta que las sentencias no resuelven el tema principal, como es la alta temporalidad y la falta de estabilidad del empleo, ya que recuerda que el 93% de los contratos que se suscriben son temporales, el 67,8% dura menos de un mes y el 84% es inferior a tres meses.

Finalmente, los sindicatos recuerdan que otra sentencia dictada por el TJUE el mismo día que la de los interinos -el 14 de septiembre- falla que la utilización de nombramientos de duración determinada sucesivos para atender necesidades permanentes en el sector de los servicios de salud de la Administración es contraria al Derecho de la Unión Europea. Es decir, que acota la temporalidad en el sector público de forma que no pueda utilizarse para cubrir empleos estructurales. Por lo tanto, otro varapalo, dicen, para la alta temporalidad de la administración pública y «el abuso de este tipo de contratos».