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Aristrain se enfrenta a una condena récord de 60 años de prisión

Aristrain junto a Pedro Ferreras, presidente de la SEPI en 1998.
Aristrain junto a Pedro Ferreras, presidente de la SEPI en 1998. / EFE
  • Hacienda solicita para el discreto empresario una pena de 60 años de prisión y 630 millones de sanción, aunque podría pactar una multa con la que evitar la cárcel

Nada de lo que ha rodeado a José Maria Aristrain de la Cruz, incluso desde su más tierna infancia, ha sido pequeño, simple, modesto, barato o sencillo. Todo ha sido a lo grande; también el marasmo judicial en el que se ha visto envuelto el discreto empresario en los últimos tiempos.

El heredero (junto a su hermana María Ángeles) de un imperio forjado en el acero vasco por su padre -José María Aristrain Noain- está hoy bajo el foco por un presunto delito fiscal más que millonario. De hecho, y a la espera de que el Ministerio Fiscal (la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid) concrete su petición formal ante el juzgado de Instrucción de Pozuelo de Alarcón que lleva su caso, la Abogacía del Estado -en representación en este caso de la Agencia Tributaria- ha solicitado para él nada menos que 60 años de prisión y sanciones económicas cuya suma asciende a 633 millones, según explicó Elconfidencial.com.

¿De qué se le acusa a Aristrain hijo? La tesis de Hacienda es que el industrial (una de las mayores fortunas del país) habría fingido que su residencia fiscal estaba en Suiza cuando, en realidad, vivía en España para, presuntamente, defraudar nada menos que 211 millones. También, siempre según la tesis de la acusación, habría eludido el pago de distintas cantidades en los impuestos del IRPF y Patrimonio utilizando un entramado de sociedades 'offshore'. Todas las cifras que rodean al caso, también las de la petición de la Abogacía del Estado, marcan un récord absoluto en España.

Este caso recuerda a uno muy similar, aunque con guarismos algo más discretos; el de la familia Carceller, que a comienzos de mes cerró un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que los cuatro condenados (el grueso de las ilegalidades recaían sobre el padre, Demetrio Carceller Coll, y su hijo, Demetrio Carceller Arce) aceptaban una condena relativamente discreta pero, y aquí está el 'quid' de la cuestión, conmutable por el pago de una multa de nada menos que 93 millones de euros. Por encima de los 73 millones que, según el Ministerio Fiscal, habrían defraudado sólo en los años no prescritos.

«El acuerdo de conformidad, que ha dado lugar a una reducción de las penal inicialmente solicitadas, se ha alcanzado valorando la antigüedad de los hechos cometidos -años 2003 a 2009-, el pago total de las cantidades adeudadas, sus intereses, las costas del proceso, así como la asunción de responsabilidades por todos los acusados en este procedimiento», explicó la Fiscalía.

Con esos precedentes, es más que probable que José María Aristrain de la Cruz pueda recorrer el mismo camino que los Carceller para, finalmente, aceptar un pacto que le libre de la cárcel previo pago de una notable sanción económica.

Sin embargo, su defensa ha insistido con vehemencia desde el inicio del proceso (Hacienda le investiga desde 2006, mientras la querella de la Fiscalía es de 2011) que el asunto de Suiza es sólo «un problema administrativo» que han de resolver las dos Haciendas, y que su cliente ya pagó los impuestos pertinentes en el país helvético. Todo está por ver.

La lista de los perseguidos por Hacienda por, en teoría, haber fingido su residencia fiscal no acaba aquí, e incluye nombres célebres no sólo en el ámbito empresarial sino también en el del papel couché. Ahí está, por ejemplo, Borja Thyssen, al que el fisco acusa de haber esquivado el pago de impuestos en España al, presuntamente, fingir que residía en Andorra. Mientras tanto, y por si quedaba alguna duda, el hijo de la baronesa Thyssen sonreía a las cámaras la semana pasada cuando los programas de corazón daban cuenta del aterrizaje de su familia en Londres, «donde tienen su residencia», decían los magacines.

Más de 183 días

La cuestión es que la vara de medir de Hacienda es bien clara y se sitúa en 183 días al año; esa es la cifra que se ha de alcanzar en un tercer país para argumentar que se reside allí. Eso sí, los 183 días han de ser ciertos y no simulados. Y para comprobar esa permanencia o lo contrario Hacienda tira de todo lo que tenga.

En el caso de José María Aristrain de la Cruz la Abogacía del Estado, como el fisco, defiende la tesis de que el lujosísimo chalet que el empresario tiene en Gstaad no es ni su casa habitual ni tampoco el centro de mando de sus intereses económicos; un lugar que, a ojos de la acusación, no es otro que España. En concreto, su chalé de Pozuelo de Alarcón. Suena algo cómico, pero para poder demostrar esta teoría, la investigación se ha apoyado en datos tan variados como los gastos de esa residencia madrileña (desde los asociados a la seguridad de la casa hasta los más habituales de gas o electricidad). También en la documentación de los aterrizajes y despegues de su jet privado en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz y hasta en algún tique de un conocido centro comercial o de una gran superficie. Todo vale y todo suma o resta, y los investigadores han hecho una cuenta en la que Suiza y los 183 días no casan en modo alguno. La tesis de Hacienda es que Aristrain levantó una serie de sociedades en paraísos fiscales paa eludir el pago de las plusvalías de las acciones de empresas acereras que recibió de su padre (que falleció en 1986, cuando la Coporación Aristrain facturaba 50.000 millones de pesetas al año) y que fueron creciendo según la empresa familiar participaba del baile de privatizaciones y fusiones del sector que, finalmente, alumbró el gigante Arcelor, hoy Arcelor Mittal.

El empresario usó para esos movimientos Corporación JMAC (sus iniciales) BV, con sede en Luxemburgo. Del mismo modo, y también en otros lugares de opaca tributación, José María Aristrain hijo habría constituido varias sociedades instrumentales que, según Hacienda, sirvieron para eludir pagos de impuestos en España. Entre ellas, International Restoration Cars, domiciliada en las Islas Vírgenes británicas (un paraíso fiscal).