Diario Vasco

La Abogacía del Estado solicita para Aristrain la pena más dura y la mayor multa de la historia por fraude fiscal

  • El escrito de acusación, en representación de la Agencia Tributaria, pide 60 años de cárcel y 630 millones de sanción

El cerco fiscal se estrecha sobre José María Aristrain, heredero de un imperio del acero apuntalado por su padre en los años cincuenta del pasado siglo en Olaberria. La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, registró a principios de agosto su acusación en el juzgado de Pozuelo de Alarcón que le investiga por fraude fiscal. Según medios digitales, pide para él 60 años de cárcel (cuatro por cada uno de los 15 delitos fiscales que le atribuye) y penalizaciones que suman 633 millones.

Hacienda le acusa de no pagar impuestos en España fingiendo la residencia en Suiza y de ocultar sus acciones de ArcelorMittal en sociedades en Luxemburgo, Holanda e Islas Vírgenes. El caso, al igual que ha pasado con los Carceller, se puede cerrar con un acuerdo de menor cuantía, pero de momento supone la mayor acusación penal presentada por delito fiscal.

La defensa ha sostenido que es perfectamente legal tener las acciones en Luxemburgo (de hecho, Arcelor se forma en parte con Arbed, una sociedad estatal de Luxemburgo). Asegura que si debe tributar en Suiza o en España es un problema que deben dirimir los dos Estados, dado que él ya pagó impuestos allí. Sin embargo, Aristrain se sentará en el banquillo y la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen que acusarle.

Diez años

Hacienda comenzó a seguir los pasos de José María Aristrain hace diez años, cuando trasladó su residencia fiscal a Suiza. Este cambio «no responde a la realidad, teniendo por único objeto eludir el pago del IRPF e Impuesto de Patrimonio que le correspondían como residente en España», sostiene la Abogacía del Estado. En 2011, la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid se querelló contra él y, por orden del juez, hubo registro en sus domicilios y oficinas.

La investigación ha analizado las facturas de la empresa encargada de su seguridad personal y las de sus hijos, consumo de 'jets' privados para sus desplazamientos, gastos de consumo de teléfonos y de utilización de la vivienda de Pozuelo de Alarcón (gasóleo, calefacción, electricidad, agua), considerablemente mucho más elevados que los gastos acreditados en la vivienda de la que disponía en Suiza. Con toda esta información recabada en los registros, concluye que «durante cada uno de estos cuatro años permaneció en España más de 183 días».

En total, la Abogacía del Estado sostiene que Aristrain cometió quince delitos fiscales, para los que le pide cuatro años de cárcel por cada uno de ellos (60 años). La cuota defraudada de la que le acusa asciende a 211 millones (131,9 a través de la Corporación JMAC BV; 69 mediante la firma de las Islas Vírgenes IRC; 7,18 de IRPF, y 2,78 de Impuesto de Patrimonio). La Abogacía pide a José María Aristrain que indemnice al Estado con 633 millones, los 211 defraudados más el doble en concepto de multa.