Mario Fernández acusa a Villalabeitia de engañarle: «No lo voy a olvidar»

"Yo no acostumbro a dejar heridos", ha llegado a decir hoy a la prensa Mario Fernández, visiblemente molesto con su sucesor porque considera que le engañó al destapar el caso, después de que a Fernández le pidieran que ayudara al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, a buscar una salida profesional, por su vinculación en la lucha contra ETA.

Fernández ha declarado hoy como imputado ante la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, Ana Isabel Álvarez Fernández, en la causa abierta por los pagos de 243.000 euros en tres años de Kutxabank a Cabieces cuando dejó de ser delegado del Gobierno en el País Vasco.

Falsedad documental y administración desleal

Hoy también han declarado ante la jueza los otros dos imputados, el propio Cabieces y el abogado Rafael Alcorta, a través de cuyo despacho Cabieces cobró de Kutxabank. Se les acusa de los presuntos delitos de falsedad documental y de administración desleal -o de forma alternativa, apropiación indebida-.

A su juicio, puede haber existido, presuntamente, "una disposición de los bienes administrados que excedía de las funciones propias del cargo, no justificada, y que causó un perjuicio económico a la sociedad en beneficio de un tercero". También considera que los imputados pueden haber incurrido en un delito de falsedad en documento mercantil "en relación con los documentos utilizados para servir de soporte a las salidas de dinero de la sociedad".

Además de éstos, han comparecido en el Juzgado como testigos Fernando López de Eguilaz, director de Recursos Humanos del banco, y Roberto Moll, director de los servicios de autoría interna y encargado de supervisar el informe que el banco elaboró para que sirviese de base de la denuncia que realizó Kutxabank.

La Fiscalía remitió al Juzgado el pasado 10 de febrero el 'caso Kutxabank', denunciado por la propia entidad financiera, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces por el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández.

En su decreto, que acompañaba con la denuncia presentada por Kutxabank sobre este asunto, la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán del Río, pedía la imputación de Cabieces, Fernández y del abogado Rafael Alkorta, a través de cuyo bufete cobraba el exdelegado del Gobierno, al estimar que podían haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil.

Kutxabank, que había informado a la Fiscalía de los hechos, decidió el 25 de febrero, en un Consejo de Administración extraordinario, que no se personaría en las diligencias previas abiertas, después de que la entidad recibiera un escrito de la magistrada en el que le instaba a aclarar si se iba a personar o no. El actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia explicó, en una comparecencia pública, que el banco quería "distanciarse" del caso y que la Justicia siguiera su curso después de que la entidad financiera "cumpliera con su deber" de informar al Banco de España, al BCE y al ministerio público de lo sucedido. Además, recordó que se había compensado el quebranto, ya que el propio Mario Fernández abonó al banco vasco la cantidad que percibió Mikel Cabieces.

Operación «legítima»

Fernández, que declaró ante la Fiscalía el 6 de febrero como testigo antes de que el Juzgado abriera diligencias, aseguró que "la operación" que él realizó durante su mandato no fue "irregular", sino "absolutamente legítima" y no ha ocasionado "daño" a la entidad financiera.

En un comunicado posterior remitido a los medios de comunicación, el expresidente de Kutxabank afirmó que "era práctica habitual" que a personas vinculadas a Interior y a la lucha antiterrorista se les posibilitara "una salida profesional", algo que, según asegura, se ha hecho con Mikel Cabieces, exdelegado del Gobierno en el País Vasco.

Cabices también declaró ese día ante el ministerio público, después de haberse dado de baja el 30 de enero como militante del PSE-EE después de conocerse que el banco vasco había denunciado que había recibido pagos "irregulares" de la entidad.

La defensa del exdelegado del Gobierno defendió que los pagos que le realizó Kutxabank a su cliente estaban "justificados" por los servicios jurídicos que prestó a la entidad y afirmó que el exalcalde socialista es un "daño colateral de una guerra ajena a él".