El ministro de Cultura ordena a la Generalitat devolver los bienes de Sijena

Una trabajadora del Museo de Zaragoza muestra una de las tablas. / Javier Cebollada (Efe)

Méndez de Vigo, en su papel de 'conseller' del ramo en funciones, pide cumplir la sentencia que ya hace dos años exigió el retorno al monasterio de las 44 piezas retenidas en el Museo de Lérida

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña lleva camino de ser el mecanismo que permitirá poner fin al 'caso Sijena', la controversia judicial que con el paso de los años se convirtió en un pulso político y que enfrenta durante la última década a los mandatarios aragonenes con sus homólogos de la Generalitat catalana.

El ministro de Cultura, en su actual condición de 'conseller' del ramo en funciones, ordenó hoy a los responsables de esta consejería catalana que tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia que, hace ya más de dos años, exigió la devolución de 44 piezas de arte sacro retenidas en el Museo de Lérida al monasterio de Sijena, el templo románico ubicado en la comarca oscense de Los Monegros del que proceden, y del que salieron ilegalmente hace más de dos décadas.

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Méndez de Vigo dio instrucciones nada más recibir y estudiar la providencia que dictó el 15 de noviembre pasado el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, encargado del caso, conminándole a cumplir el fallo cuya ejecución la Generalitat ignoró por última vez el pasado 31 de julio, en pleno tramo final del intento de ruptura con España.

El ministro costestó al magistrado Antonio Martín Gómez que ya ha encargado las diligencias que le encargó. Pedir a la Generalitat la información sobre la ubicación exacta de cada una de las 44 piezas pendientes de entrega -el museo leridano-, así como requerirle para que le diga la fecha en la que los depositarios entregarán los bienes y los medios que prevén utilizar para que la devolución se haga efectiva. Méndez de Vigo adelanta al juez que, tan pronto tenga la información, se la trasladará.

El magistrado, por su parte, en la citada providencia, recordó a la Guardia Civil y a los técnicos de patrimonio del Gobierno de Aragón que deben tener preparado, para cuando sea preciso, un operativo detallado para la aprehensión, traslado y entrega de las piezas, que ya tienen habilitado un recinto específico en el monasterio.

Dos consejeros imputados

La ignorancia de los dos ultimátum anteriores de ejecución de sentencia dados por el juzgado oscense a la Generalitat han provocado que los entonces consejeros de Cultura, Santi Vila y Lluís Puig, estén siendo investigados por el Tribunal Supremo por los delitos de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial.

El último desplante, el del verano pasado, lo protagonizó Puig, recién llegado entonces al cargo. La anterior fecha límite puesta por el juzgado para la ejecución de sentencia fue el 25 de julio de 2016. Entonces Santi Vila devolvió al monasterio de Sijena otras 51 piezas de su propiedad, pero de menos valor, conservadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero continuó con las alegaciones para evitar la entrega de las 44 guardadas en Lérida, entre las que hay tres tumbas policromadas de prioras del siglo XV.

Ya era la segunda vez que la Generalitat lograba retrasar la devolución completa de las piezas, a la espera de ver si la Audiencia Provincial de Huesca acepta algunos de sus intentos de tumbar la resolución que le condenó en abril de 2015. El primer intento de ejecución de sentencia fue el 25 de septiembre de 2015, pero las autoridades catalanas lo pararon con un recurso de conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo que el propio alto tribunal consideró un mero intento de dilatar las entregas de arte.

El juzgado de Huesca ordenó hace dos años y medio la devolución de las piezas sacras por considerar que proceden de una triple venta realizada entre 1983 y 1994 por la orden de las monjas que regentaban el monasterio a las instituciones catalanas que fue «nula de pleno derecho». Argumentó que la enajenación de los bienes del patrimonio histórico-artístico nunca se pudo realizar sin haber dado la oportunidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto al Gobierno aragonés, cosa que no se hizo.

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