Diario Vasco

Irabazi aboga por dar una mayor protección normativa al entorno de Talaimendi

Desde Irabazi Zarautz han visto con sorpresa las palabras del alcalde a la desautorización por el Gobierno Vasco del Plan Especial para implantar un equipamiento de surf en Talaimendi. «Creemos que es necesario hacer una puntualización, bastante más corta y con otro tono», señalan.

«Es evidente que tenemos diferencias profundas con el alcalde, y con el PNV y PSE de Zarautz, sobre la oportunidad o no de urbanizar y edificar en Talaimendi; ellos están a favor y nosotros, entendemos que es un espacio a preservar por sus valores naturales y paisajísticos. Pero en la cuestión del surfcamp, aparte de nuestras diferencias sobre su oportunidad hay una cuestión de legalidad, y es por eso que se ha desautorizado el proyecto por el Gobierno Vasco», explican desde Irabazi.

El alcalde decía: «Tengo la sensación de que ni EH Bildu, ni Irabazi comprendieron la idea del proyecto, porque siguen defendiendo que se trata de un equipamiento privado que no precisa ubicarse en el medio rural». Aclaran que «esto no es que sea nuestra opinión, sino que esto mismo es lo que le dice literalmente la Comisión de ordenación del Territorio del Gobierno Vasco en su dictamen de 15 de febrero: Se trata de un equipamiento que no precisa ubicarse en el medio rural, no está destinado a prestar servicios que por su naturaleza y características deben obligatoriamente emplazarse en el medio rural. No sólo eso, el Gobierno Vasco dice expresamente que la edificación supondría un impacto visual y paisajístico grande y es un ejemplo de la amenaza para el paisaje por urbanística».

«No reconoce la realidad»

Según Irabazi Zarautz, «el alcalde no quiere reconocer la realidad; el proyecto no se ajusta a la legalidad y se lo han dicho instituciones gobernadas por su propio partido, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco». Irabazi recuerda las palabras del alcalde: «Ha sido tal la campaña de obstáculos, zancadillas, mentiras, acoso y derribo a la que se ha sometido este proyecto, que el resultado final, ciertamente, no me sorprende, aunque me da mucha pena». Subrayan que «en realidad, su deber como alcalde es proteger el interés público y la legalidad. Por ello quien debía haberse opuesto al proyecto era el propio alcalde, ya que los informes de los técnicos municipales ya decían que no era ajustado a la legalidad; en vez de eso el alcalde optó por otorgarle el beneficio de la duda»..

Para finalizar, esperan que «esto sirva para que todos los grupos municipales nos concienciemos de la necesidad de dar una mayor protección normativa a todo el entorno de Talaimendi».

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