Arenas Aizpurua se ve «obligada a cerrar»

Tal como explican los hermanos Aizpurua Atorrasagasti, responsables de la empresa, inicialmente desarrollaban su actividad en el barrio de Ortzaika de Orio y en el año 1978 su abuelo construyó el muelle descargadero de arena en el que hasta la fecha han llevado a cabo la actividad, en la margen izquierda de la ría Oría.

«Durante los primeros años, la actividad se desarrollaba al amparo de las concesiones del Ministerio de Obras Públicas del Estado (MOPU) y durante los años 80 fue el Gobierno Vasco quien asumió dichas competencias, concretamente la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos. En el año 1999 renovaron la Concesión Administrativa, otorgada para un plazo de 15 años y al vencimiento de éstos, tenían tres prorrogas más con periodos de 5 años cada una» destacaban.

Concesión ampliada

Cuentan los hermanos Aizpurua, que en el año 2009 el Gobierno Vasco les amplió «la Concesión Administrativa, basada en un nuevo proyecto de ordenación de la actividad, con importantes inversiones y el propósito de seguir con la explotación hasta 2029. Todo esto cumpliendo siempre las condiciones impuestas por las distintas Administraciones y las exigencias medioambientales de las mismas».

Al vencimiento de los primeros 15 años y siguiendo la Resolución del año 1999, la empresa solicitó «la primera prórroga y la Dirección de Puertos la denegó en base a dos argumentos. Puertos alegaba por una parte el aumento del tamaño del grano de arena y el aumento de la pendiente de la zona intermareal de la playa de la Antilla en los últimos 4 años». A su vez, por los diferentes Recursos de Alzada interpuestos por la empresa, como consecuencia de la facturación realizada por el Servicio Territorial de Puertos de Gipuzkoa en la aplicación de la Ley de Tasas de Amarre.

Según los responsables de la empresa «estos argumentos no tienen ningún fundamento, por ello decidieron llevar el tema a los Tribunales». Dicha empresa denuncia «la poca seriedad mostrada por el Servicio Territorial de Puertos de Gipuzkoa al no acreditar ninguna de las acusaciones vertidas en cuanto a los cambios sufridos en la playa de la Antilla». Durante el proceso judicial, la empresa citó como testigo «a un reconocido Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que previamente había realizado un informe hidrodinámico y sedimentario de la desembocadura, que declaró que las extracciones que venía desarrollando la empresa no afectaban en la dinámica de dicha playa; además quedó acreditada la necesidad de extracciones en dicha desembocadura para la navegabilidad».

«En definitiva, ninguno de los argumentos expuestos por la Dirección de Puertos han sido motivo para desestimar la prórroga; el único motivo que el Tribunal considera para denegar la prórroga es la aplicación de la Ley de Costas del año 1988, que dice que la extracción para la venta es ilegal», explican.

En opinión de los hermanos Aizpurua, «hay un ensañamiento personal, todas orquestadas por la misma batuta; vigilancias extras fuera de competencias, acoso e insultos a los operarios durante las jornadas de trabajo en la desembocadura, innumerables denuncias falsas e infundadas desde distintas asociaciones del pueblo tales como Orioko Surf Taldea, Herrio Natur Taldea y también en distintas Administraciones». En cualquier caso, dicen que nunca han actuado por su cuenta y riesgo. «Siempre hemos trabajado al amparo de las Concesiones. Ahora acataremos la Sentencia, venderemos toda la maquinaria, las dragas, y como dice el cuento que cada palo aguante su vela...».

Los responsables de Arenas Aizpurua, S.L. no entienden este cambio de actitud; «cómo lo que hasta ahora ha sido beneficioso de un plumazo viene a ser malo...».