La comisión de investigación sobre Korrokoitz arranca torcida

Sesión constitutiva. Primera reunión de la comisión de investigación de Korrokoitz. /  F. DE LA HERA
Sesión constitutiva. Primera reunión de la comisión de investigación de Korrokoitz. / F. DE LA HERA

En su sesión de constitución, cuestiones de forma impidieron que se aprobaran el calendario de reuniones y los turnos de comparecencias

IÑIGO MORONDO IRUN.

El Ayuntamiento puso en marcha ayer la comisión de investigación sobre los hechos que provocaron la ruptura del gobierno de coalición entre PSE y PNV. En enero, el alcalde, José Antonio Santano, cesó al entonces delegado de Urbanismo, Xabier Iridoy, alegando, entre otras cosas, «falta de transparencia y trabajo al margen de la legalidad urbanística» en el desarrollo del ámbito Korrokoitz. Por esas acusaciones, Iridoy le ha reclamado desde entonces que «presente pruebas si las tiene».

EH Bildu y Sí se Puede Irun propusieron al pleno, y aprobaron con apoyo de PNV, constituir esta comisión para aclarar si las palabras de Santano «se ajustan a la realidad de los hechos» y si la gestión de Iridoy fue «coordinada y ajustada a los criterios técnicos municipales». De acuerdo con lo aprobado, la comisión se constituyó ayer con dos concejales de cada grupo municipal: Miguel Ángel Páez y Cristina Laborda de Socialistas de Irun; David Soto y Lina Lorenzo de Sí se Puede Irun; Xabier Iridoy y Jose Enrique Corchón de EAJ-PNV; Jokin Melida y Dani Berasategi de EH Bildu; Muriel Larrea y Juana de Bengoechea del PP. Aunque la presidencia correspondía al alcalde, éste la ha delegado en el grupo minoritario, concretamente en la edil popular Muriel Larrea.

Ningún paso adelante

Además de constituirse, la comisión tenía ayer otra tarea, aprobar el calendario de trabajo, pero ésta no supo llevarla a cabo. En primer lugar, la presidencia advirtió que según el dictamen plenario, al pedir las comparecencias de personas, los grupos debían justificar «debidamente el interés de su testimonio, así como los extremos de los que debe informar». Según Larrea, «ningún grupo lo ha hecho así», por lo que ofreció cinco días para «completar la documentación de acuerdo al dictamen» para que las citaciones a los comparecientes se hagan en la forma debida. «Hoy tenemos que aprobar el plan de trabajo», discutió Soto, iniciando un debate rudo que fue bajando el tono cuando presidencia y grupos fueron asimilando la salida ofrecida por Iridoy: aprobar un calendario de reuniones aunque no conste quién comparecerá en cada sesión.

Superado el escollo se abrió un nuevo frente. El secretario de la comisión, un miembro de los Servicios Jurídicos municipales, advirtió que el dictamen plenario especificaba que la comisión se reunirá «una vez cada quince días» y que si no se especifica lo contrario, en lenguaje administrativo se entiende que son días hábiles (sin contar fines de semana ni festivos). Aunque el resto de grupos dijeron no conocerla, había una propuesta de calendario presentada por SPI «una hora antes de comenzar la sesión» señaló la presidenta. Se repartió en el momento, pero no se ajustaba a la idea de quince días hábiles sino a la de naturales, aunque con alguna excepción a esa norma también. Se abrió otro enconado debate que Soto pidió acabar con una votación. El secretario volvió a intervenir: «Se puede votar, pero si no hay unanimidad cabría impugnar». Y no la había. «Queremos que se cumpla lo que salió del Pleno, un dictamen que redactasteis y aprobasteis vosotros», argumentó Páez mirando a SPI. Una impugnación podría derivar en «una suspensión cautelar o en nada hasta que una sentencia, dentro de tres años, diga si se hizo bien o mal. Incluso cabría considerar que como corporativo se está incurriendo en algún otro tipo de responsabilidad, aunque eso es complicado», detalló el secretario tras la votación.

La cuestión es que a la hora de pronunciarse, SPI y EAJ-PNV lo hicieron a favor, el PSE en contra y Bildu y PP se abstuvieron. El calendario se dio por aprobado y, tras retomar el debate en el turno de ruegos y preguntas, se dio por finalizada esta sesión constitutiva de cerca de dos horas. Sólo después se notificó el error en el cómputo de votos ya que no se trataba de manos alzadas en este caso, sino de voto ponderado en función de la representatividad de cada grupo en el pleno, según recoge el dictamen. Así, con un empate entre votos favorables y votos en contra, no hubo, en realidad, ninguna aprobación ayer.

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