Diario Vasco

El ayuntamiento incluirá la perspectiva de género en el nuevo contrato de jardinería

La Junta de Gobierno Local ha aprobado los nuevos pliegos para convocar el concurso de adjudicación del contrato de jardinería con unas cuantas novedades. La principal es que se separan las tareas de mantenimiento de jardines y zonas verdes de las de gestión del arbolado. De momento, la oferta publicada responde al primer apartado (con un gasto máximo de 1.625.0000 euros y 50.000 para inversiones en material), mientras que la relativa al cuidado de los árboles se publicará más adelante.

En el detalle de las obligaciones contractuales para el adjudicatario destaca que los pliegos prevén «un tratamiento especial a los parques, al entender que son puntos muy utilizados para la estancia y el encuentro de los ciudadanos», así como la incorporación de vehículos sostenibles al parque móvil del servicio, al menos, «una carretilla elevadora eléctrica y un vehículo eléctrico».

Aunque se trata de una de las subcontrataciones que mayor trayectoria presenta en la aplicación de cláusulas sociales (la adjudicación del contrato se reserva a centros especiales de empleo para facilitar la inserción laboral y, de hecho, de los 35 trabajadores actuales, 28 presentan algún tipo de discapacidad), también se avanza en este sentido. Por primera vez, el contrato tendrá en cuenta la perspectiva de género y valorará la incorporación de mujeres a una plantilla que actualmente integran exclusivamente hombres.

SPI insiste en el reglamento

Al respecto de la aplicación de la cláusula social en las contrataciones externas del Consistorio, el Grupo Municipal Sí se Puede Irun volvió a insistir ayer «en la necesidad de un reglamento que generalizase el uso de las cláusulas sociales en el Ayuntamiento» porque «a pesar de lo positivo que se mostraba el equipo de gobierno» a este respecto, «la realidad es que se limitan a pocos contratos y con poca diversidad».

El grupo recordó que existe un compromiso del Gobierno local para elaborar el reglamento y «ante la falta de avances, volvemos a solicitarlo». SPI defiende que «todas las empresas que contrate el Ayuntamiento cumplan los convenios colectivos de Gipuzkoa y cumplan medidas de seguridad laboral rigurosas; que se priorice a pymes frente a grandes corporaciones; se exija que las empresas adopten medidas para la conciliación y se garantice estabilidad en el empleo».