El alcalde y la exalcaldesa de Baztan declaran hoy en relación al proyecto de Aroztegia

Proyecto «especulativo»

Araiz ha recordado la postura contraria de EH Bildu al proyecto «especulativo» de Aroztegia y ha afirmado que «no podemos olvidar que, tras el maquillaje de proyecto turístico y de la creación de empleo, se esconde un nuevo pelotazo urbanístico con intereses económicos e inmobiliarios muy concretos, que condicionarán el futuro del valle de Baztan. Por todo ello, no admitimos la persecución judicial ni el chantaje político contra quienes se oponen al proyecto», ha expuesto Araiz, para señalar que «si en todo este proceso ha habido prevaricación, esa ha sido la aprobación de un PSIS de manera precipitada y acelerada, en los últimos días del Gobierno del Régimen de UPN».

Por eso, el portavoz de EH Bildu ha pedido al actual Gobierno de Navarra que «no dé por buenas estas trampas y atajos de UPN, que paralice los procesos administrativos y abra un proceso de diálogo con los vecinos y vecinas de Baztan sobre el proyecto de Aroztegia».

Paralización del PSIS

Precisamente esta semana la Junta General de Baztan aprobaba, por mayoría de votos, que se detengan las acciones judiciales iniciadas contra cargos públicos y vecinos del valle por parte de la empresa Palacio de Aroztegia de Lekaroz, asumiendo una moción que había sido presentada por el teniente de alcalde, Mikel Ortega. Asimismo, de acuerdo con el texto aprobado, se solicitó la paralización del Plan Sectorial de Incidencia Municipal (PSIS) aprobado al respecto y que se respete la decisión del pueblo.

En el texto de la moción se indica que «entre el debate político y social que ha generado el proyecto urbanístico de Aroztegia de Lekaroz, la empresa promotora ha iniciado un ataque judicial, para sembrar el miedo entre los vecinos, en un proceso de libre discusión y democrática, y para eliminar la autonomía e independencia de los órganos de Baztan. El ataque judicial se ha iniciado con los alcaldes de la anterior y actual legislatura y siete vecinos», y recuerda que el pasado 13 de mayo, siete vecinos tuvieron que declarar en el Juzgado de Paz de Elizondo.

La Junta General aprobó también una segunda moción pidiendo que los pueblos asuman la consulta popular no referendaria que tuvo lugar.