'Hacia una memoria compartida', una apuesta por la convivencia

Presentación. Jon Mirena Landa, catedrático de Derecho Penal y director de la cátedra de Derechos Humanos de la UPV, puso en contexto el concepto de víctima. /  AITOR
Presentación. Jon Mirena Landa, catedrático de Derecho Penal y director de la cátedra de Derechos Humanos de la UPV, puso en contexto el concepto de víctima. / AITOR

Recoge la huella que la vulneración de Derechos Humanos y la violencia han dejado en la ciudadanía de Elgoibar El estudio anima a conocer mejor el pasado para evitar que se repita en el futuro

AITOR ZABALA ELGOIBAR.

'Hacia una memoria compartida-Elgoibar 1956-2016', se presentó ayer en la escuela de música Inazio Bereziartua. Bajo ese título se halla un estudio auspiciado por el Ayuntamiento de Elgoibar que persigue recoger las vulneraciones de los Derechos Humanos registradas en esta localidad en la últimas seis décadas y, a partir de este punto, sentar las bases para una reconstrucción de la convivencia gracias a un mejor conocimiento del pasado. Los datos recogidos en el informe se complementan con otro apartado en el que diez personas con sensibilidades políticas diversas (Nerea Alustiza, Mari Juli Arregi, Justo Arriola, Ane Beitia, Arantxa Berasaluze, Juan Jose Bastarrika, Bruno Guerrero, Pello Mendizabal, Noemí Otaegi y S.J.A) aportan sus percepciones sobre aquella realidad, sobre el momento actual y sobre el futuro, poniendo a los lectores del estudio ante distintos puntos de vista sobre unos años que tanto dolor generaron en Elgoibar.

El Ayuntamiento editará 300 ejemplares de ese informe y, a la vez, lo colgará en la web municipal para poner la información que atesora al alcance de la ciudadanía. Tanto el Ayuntamiento como los autores del informe consideran que queda trabajo por realizar y animan a los que piensen que tienen algo que aportar sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Elgoibar a que hagan llegar su relato al consistorio elgoibartarra.

Pasado trágico

'Hacia una memoria compartida-Elgoibar 1956-2016 posa su mirada en las ocho personas asesinadas por ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). La lista se abre con Ángel Berazadi (18 de marzo de 1976) y continúa con el guardia civil Anselmo Durán (9 de octubre de 1978), Ramón Baglietto (12 de mayo de 1980), Jaime Arrese (23 de octubre de 1980), el guardia civil José Expósito (4 de agosto de 1985), el guardia civil José Luis Gómez (11 de diciembre de 1987), Sebastián Aizpiri (25 de mayo de 1988) y Patxi Zabaleta (6 de junio de 1988). Además de estas muertes hubo que lamentar heridos como consecuencia de atentados, actuaciones de las fuerzas policiales y la violencia callejera. En el informe aparecen, por ejemplo, las dos funcionarias de la oficina del DNI heridas el 9 de octubre de 1984 al estallar un artefacto al paso de su vehículo por Maltzaga, los cuatro vecinos que sufrieron quemaduras en un acto de violencia callejera en las fiestas de San Bartolomé de 1996, y las 15 personas heridas de consideración en actuaciones de la Guardia Civil y la Ertzan-tza. En esta lista encontramos cuatro heridos de bala, tres el 19 de marzo de 1979, al ser ametrallado por la Guardia Civil su vehículo cuando salían de la discoteca Pelousse, y un cuarto, el 17 de noviembre de 1980, cuando seis miembros de la Benemérita efectuaron varios disparos en plena calle.

La enumeración de vulneraciones de la libre expresión y de libertades democráticas tiene su espacio en el informe, al igual que la tortura. En el periodo de estudio se contabilizaron 128 detenciones y en 28 de ellas se denunciaron torturas. 'Hacia una memoria compartida' también pone el foco en la extorsión económica al empresariado, aunque sus autores reconocen no ser capaces de determinar el alcance real de esta práctica.

Otro de los aspectos contemplados se refiere a la violencia de persecución, entre la que se incluyen los asesinatos de Jaime Arrese y Ramón Baglietto por su condición de miembros de UCD, y las nueve personas (ocho cargos políticos y un periodista) que han necesitado de escolta entre 1999 y 2010. Las ilegalizaciones de formaciones de la izquierda abertzale también se encuadran en este apartado, al igual que el acoso a representantes municipales a raíz del conflicto del Gaztetxe.

Los autores del informe han contabilizado 15 atentados de ETA y los CAA contra bienes inmuebles en Elgoibar, y 62 acciones de kale borroka desde el primer caso de este tipo, el 21 de marzo de 1979, con el lanzamiento de un cóctel molotov a un Land Rover de la Guardia Civil. La extrema derecha y los grupos parapoliciales también han dejado su huella en estos años de conflicto, con la quema del coche de un ex-preso en 1979, el ataque a la sociedad Kimetz y la quema del coche del padre de un miembro de Jarrai en 1992, y las amenazas en forma de pintadas y el envío de una bala a un concejal de HB en 1997. La publicación también se detiene en José Antonio Garate, un joven nacido en Elgoibar que falleció en Arrasate el 19 de abril de 1983 al estallar el artefacto que manipulaba, y en Iñaki Jaio, miembro de un comando de ETA-m herido por dos disparos de mientras huía de la Guardia Civil.

En sus propuestas finales, los autores del estudio plantean una serie de medidas para seguir profundizando en la convivencia, así como la creación de una comisión de investigación para esclarecer el fenómeno social de la droga en Elgoibar, un tema recurrente entre la mayoría de las personas entrevistadas en el estudio.

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