El Pleno aprueba una subida salarial del 1% para trabajadores del sector público

Minuto de silencio de la Corporación Municipal en memoria de Martín Arizti. / LIMIA

La propuesta salió adelante con los votos de PNV, EH Bildu y PSE-EE; Irabazi se abstuvo por aplicarse también a los cargos políticos

CRISTINA LIMIA LEGAZPI.

Una subida salarial del 1% a los trabajadores del sector público y una moción presentada por EH Bildu y consensuada por todos los grupos políticos sobre los hechos acaecidos en Alsasua, donde resultaron heridos dos guardias civiles y sus parejas, fueron los dos puntos aprobados en el Pleno ordinario celebrado el miércoles, el último antes de las vacaciones de verano. Como de costumbre, en agosto no habrá sesión plenaria, salvo imprevistos que requirieran de una convocatoria extraordinaria. Durante la primera quincena del mes y con motivo de las vacaciones, Javier Iraeta sustituirá a Koldobike Olabide en las labores de Alcaldía.

Recuerdo a Martín Arizti

El Pleno del miércoles dio comienzo con un minuto de silencio en recuerdo de Martín Arizti, concejal en el Ayuntamiento de Legazpi de 1983 a 1987 recientemente fallecido.

Le siguió la votación de un incremento retributivo del 1% para los trabajadores del sector público para el presente 2017, que salió adelante con los votos a favor de PNV, EH Bildu y PSE-EE y la abstención de Irabazi. «Se trata de una propuesta de la comisión ejecutiva de Eudel a tenor de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 publicada el pasado 28 de junio en el Boletín Oficial del Estado, que en su título tercero, referido a los gastos de personal, dispone que en dicho ejercicio, las retribuciones de personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2016 en términos de homogeneidad tanto en lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo, por lo que Eudel entiende conveniente facilitar e impulsar en el seno de los ayuntamientos vascos la interpretación y consiguiente aplicación de dicho artículo del modo más favorable para los empleados públicos», explicó la alcaldesa.

El representante de Irabazi expuso que el motivo de su abstención era básicamente uno: «Este aumento salarial al personal al servicio del sector público incluye a los cargos políticos, algo con lo que no estamos de acuerdo, en el Ayuntamiento de Legazpi se toman como referencia las tablas salariales de Udalhitz y al incrementarlas en un 1% automáticamente el sueldo de la alcaldesa y del concejal Eric Gálvez también se ven aumentados en ese 1%, nos parece que sus salarios ya son suficientemente buenos y adecuados, la alcaldesa cobra 3.749 euros brutos mensuales a jornada completa y Eric 1.112 euros por un 40% de jornada laboral, en nuestro código ético tenemos limitado el sueldo de nuestros cargos públicos al equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales, la alcaldesa en estos momentos está cobrando 600 euros más que ese equivalente, daríamos nuestro voto a favor si la subida fuera expresamente para el personal técnico, pero como no es así, pedimos que el incremento salarial de los técnicos y de los políticos se vote por separado, en caso de no hacerlo, tras las vacaciones de verano presentaremos una propuesta para que se desliguen las retribuciones de los cargos políticos de las tablas salariales de Udalhitz», expuso Alberto Bezunartea.

La alcaldesa matizó que los salarios de los políticos se aprueban con los Presupuestos de cada año y que las cifras ofrecidas por el concejal de Irabazi son públicas y están colgadas en la web municipal hace tiempo. «La retribución de Alcaldía se concretó en legislaturas anteriores, esta alcaldesa tiene el mismo nivel retributivo de los anteriores alcaldes y me gustaría indicar que las mujeres tenemos derecho a cobrar lo mismo que los hombres en el mismo puesto de trabajo», señaló.

«Lo que exponemos no tiene nada que ver con ser hombre o mujer», replicó Bezunartea. «De hecho, nuestra limitación de no superar el equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales se está aplicando a los cargos públicos que tenemos en distintas instituciones, que por desgracia, mayoritariamente son hombres», comentó.

Ante las cuestiones planteadas por Irabazi, el interventor municipal, Fernando Arakama, incidió en que «el acuerdo que se tomaba en el Pleno del miércoles no trataba sobre las retribuciones a los cargos políticos, sino sobre las tablas del Udalhitz Legazpi».

«En plenos anteriores sí habéis tomado acuerdos al respecto, como el correspondiente a Eric Gálvez al inicio de la legislatura, cuando aprobasteis que cobraría el nivel 16 de Udalhitz a un 40% de jornada laboral, ese fue un acuerdo palpable, al igual que el adoptado sobre el salario de Alcaldía en la época de Juan Ramón Larrañaga, desde entonces no ha cambiado, estableciendo su sueldo en base al nivel 24 de las tablas salariales de Udalhitz, como consecuencia de ello y del respeto a los acuerdos que habéis tomado en otros plenos, ahora corresponde subir el 1% también a Eric y a la alcaldesa, salvo que haya otro acuerdo contrario, el Udalhitz no tiene porque aplicarse al personal político salvo que vosotros lo decidáis, como así hicisteis», expuso.

Texto de unidad sobre Alsasua

En cuanto a la moción presentada por EH Bildu sobre los hechos acontecidos en Alsasua, la concejal Sagrario Etxabe explicó que, aunque en un principio su grupo había registrado un texto, lo retiraban y presentaban otro alternativo que había sido consensuado por todos los grupos políticos e incluía las aportaciones de Irabazi y el PSE-EE.

En dicho texto, el Ayuntamiento «condena, rechaza y reprueba las agresiones sufridas por dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del 15 de octubre en un bar de Alsasua». Al mismo tiempo y «desde el respeto a la Administración de Justicia», manifiesta «su discrepancia con la petición de penas recogidas en el escrito de acusación de la Fiscalía, de 62 años y 6 meses de cárcel para una de las personas encausadas, de 50 años para seis de ellas y de 12 años y 6 meses para una octava persona». El consistorio muestra «gran preocupación por el devenir de los acontecimientos, al constatar que este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables». Junto a ello, «reitera su firme compromiso con la convivencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas como principios propios de un Estado democrático de Derecho y manifiesta que la desproporción que rodea a este caso es contraria y no ayuda a lograr la normalidad y la convivencia democrática».

Reitera también «su apoyo a la motivación de la Audiencia Provincial de Navarra respecto a la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo y, por tanto, se reafirma en que la competencia para instruir y juzgar los hechos sucedidos en Alsasua el pasado 15 de octubre debiera corresponder a los juzgados de Pamplona», manifestaron todos los grupos en el texto aprobado.

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