Las contrataciones públicas y las pensiones, protagonistas del Pleno

Aprobación unánime de la moción alternativa de PSE-EE y PNV sobre las contrataciones públicas./  LIMIA
Aprobación unánime de la moción alternativa de PSE-EE y PNV sobre las contrataciones públicas. / LIMIA

Irabazi presentó una moción sobre cláusulas laborales, sociales y ambientales en los pliegos de obras y servicios, que PSE-EE y PNV rebatieron con otro texto alternativo

CRISTINA LIMIA LEGAZPI.

Dos mociones protagonizaron el Pleno ordinario del mes de febrero celebrado el miércoles. La primera, presentada por Irabazi y basada en la incorporación de cláusulas laborales, sociales y medioambientales en los pliegos de las obras y servicios promovidos por el Ayuntamiento, no salió adelante al aunar los votos en contra de PNV y PSE-EE, quienes presentaron un texto alternativo que se aprobó por unanimidad. La segunda moción del orden del día, llevada al Pleno por jeltzales y socialistas y centrada en la mejora del sistema de pensiones, prosperó con el apoyo de Irabazi y la abstención de EH-Bildu.

Propuesta de Irabazi

La alcaldesa Koldobike Olabide informó que, de los tres puntos que engrosaban inicialmente la moción de Irabazi, solo podía aceptarse el tercero como moción en base al informe jurídico elaborado por técnicos del Ayuntamiento al respecto. Un hecho ante el que, el concejal de Irabazi, Alberto Bezunartea, mostró su disconformidad. «El informe realizado por el secretario señala que, en base al reglamento interno del Ayuntamiento, las mociones no pueden hacer alusión a las competencias de los órganos de Gobierno, por lo cual, los dos primeros puntos de nuestro texto han sido desestimados, pero no estamos de acuerdo, ya que entendemos que una moción es una muestra de voluntad política, más que de validez jurídica», indicó el representante de Irabazi. El tercer y único punto de la moción que finalmente llegó al Pleno hacía referencia a «la creación, por parte del Ayuntamiento, de un grupo de trabajo, abierto y plural, integrado por técnicos municipales, cargos políticos, entidades y ciudadanía, con objeto de desarrollar los textos base a incorporar en los pliegos de los contratos de licitación de las obras promovidas por el Ayuntamiento y de aquellos servicios de su competencia, especificando las cláusulas sociales y medioambientales de aplicación, los criterios de valoración, medidas de control... efectuando una convocatoria pública para ello».

La propuesta recibió el voto a favor de EH Bildu, pero fue rechazada por PSE-EE y PNV. «El Ayuntamiento ya tiene creado un grupo de trabajo técnico al respecto, cabe citar además, que la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos del Sector Público trae grandes novedades en la contratación pública en relación a Pymes, morosidad, control, administración, transparencia, cláusulas sociales y medioambientales... observamos que la moción de Irabazi no solo trata estos temas de forma poco correcta, sino que en algún punto puede ser de dudosa legalidad, asumimos el informe realizado por parte de la técnico TAG, por lo que votamos en contra de ella y presentamos una alternativa acordada con el PNV, que plantea la cuestión de las cláusulas acorde a la Ley 9/2017 del 8 de noviembre», expuso el socialista Óscar Valbuena. Dicha moción alternativa recogía lo siguiente: «El Pleno del Ayuntamiento de Legazpi se compromete a incorporar de manera transversal y preceptiva, en toda contratación de su competencia, criterios sociales y medioambientales, siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos; igualmente, se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social».

Desde el PNV, tildaron la moción de Irabazi de «atrevida» y «fruto de la ignorancia». Javier Iraeta indicó que «ponía de manifiesto el desconocimiento absoluto de este grupo respecto a los procesos de contratación realizados en los dos últimos años, donde ya se introducen cláusulas laborales, sociales, ambientales, lingüísticas y de igualdad», citó. «Este desconocimiento se debe a que en estos dos años y medio de legislatura, el concejal de Irabazi no ha acudido a ninguna Junta de Gobierno donde se debaten y aprueban los pliegos de contratación, ni a las mesas de contratación, y no se ha molestado en consultar las cláusulas que se están incorporando en los pliegos, Irabazi exige la creación de un grupo de trabajo, cuando ya existe un grupo de trabajo técnico dedicado a ello en el Ayuntamiento», le recriminó Iraeta.

«No somos expertos legales, pero una moción no es atrevida, es una muestra de voluntad política, nos resulta imposible acudir a las Juntas de Gobierno debido al trabajo, pero no os quepa duda de que leemos, analizamos y archivamos cada acta», replicó Alberto Bezunartea. «Estamos de acuerdo con lo que PSE-EE y PNV plantean en su moción alternativa y por ello, votamos a favor de la misma, pero se nos queda escasa, ya que en ella desaparece la participación de entidades y ciudadanía, algo que consideramos muy importante de cara a crear un grupo de trabajo plural y transparente», incidió el edil de Irabazi.

EH Bildu votó a favor de las mociones tanto de Irabazi, como de PSE-EE y PNV. «Acudíamos al Pleno con una posición favorable hacia la propuesta de Irabazi, valorando más allá del plano jurídico, el compromiso de tener más presentes los códigos éticos y reafirmarnos en su desarrollo», apuntó la concejal Ana Martín. «No podemos decir que no a los contenidos del texto alternativo de PSE-EE y PNV, pero nos parece que se quedan escasos y nos hubiera gustado tener más tiempo para analizarlos, nos ha sorprendido que, tras conocer desde hace una semana la retirada de los dos puntos de la moción de Irabazi, hoy traigan una contra-moción de esta forma», indicó Mikel Altzelai.

Moción sobre las pensiones

Le siguió la aprobación de otra moción presentada por PNV y PSE-EE «para establecer un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades». En ella, instaban a «volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos durante la legislatura 2011-2015, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC, eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013 que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019 y dejar de girar contra la Seguridad Social, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los costes no referidos a prestaciones, como los derivados de las medidas de fomento del empleo del Partido Popular basado en reducciones, exenciones y tarifas planas o gastos de gestión de las entidades administrativas», entre otros.

Irabazi votó a favor, mostrándose «prácticamente de acuerdo con todos los puntos», pero reprochando a PNV y PSE-EE «que hablen del PP, pero sigan haciendo posible su gobierno». En líneas similares se expresó EH-Bildu, cuyo voto fue la abstención. «Estamos de acuerdo con el texto, pero echamos en falta algunos aspectos, pedimos al PSOE y al PNV que, al igual que llegan a acuerdos, el primero para aplicar el artículo 155 en Cataluña y el segundo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, hagan un esfuerzo en negociar con el partido más corrupto de Europa para que todos los pensionistas de Euskal Herria tengan una pensión digna», señaló Mikel Altzelai.

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