Diario Vasco

Ninguna vivienda sin electricidad

Irabazi. El concejal Juan Luis Merino durante una intervención en el pleno.
Irabazi. El concejal Juan Luis Merino durante una intervención en el pleno. / OLIDEN
  • El Ayuntamiento elaborará un plan municipal contra la pobreza energética

  • Baleike e Irabazi piden un estudio sobre la pobreza y revelan que la renta media anual ha caído mil euros desde 2013

Un plan municipal contra la pobreza energética garantizará a la ciudadanía el derecho de disponer de suministros básicos para la vivienda. A instancia de una moción conjunta de Irabazi-IU-Ezker Anitza y Baleike-Podemos, el consistorio ha acordado adoptar «todas las medidas necesarias para que en el municipio ninguna vivienda quede sin electricidad».

La iniciativa, aprobada con la unanimidad de todos los corporativos, aborda una problemática que solo en Gipuzkoa afecta a 54.762 viviendas. Por cada diez viviendas «dos sufren los efectos de la pobreza energética», con especial incidencia entre las personas mayores, colectivo que aglutina al 40 por ciento de todas las víctimas de la pobreza energética. Este fenómeno ha llegado a extremos alarmantes después de que el precio de la electricidad se haya duplicado durante los últimos años, con un incremento del casi 50 por ciento desde inicios de 2017.

Irabazi y Baleike lamentan que a fecha de hoy en Mondragón no haya ningún estudio sobre la pobreza energética o sobre cualquier pobreza. Pero a la vista de los datos económicos, «queda patente que en este campo hay mucho que hacer». Los datos facilitados por estos grupos políticos revelan que la renta anual de los mondragoneses «ha caído más de mil euros desde 2013, y es por mucho el más bajo de la comarca -con una diferencia de 2.000 euros- y una de las más bajas de Gipuzkoa». Además, la cifra de desempleados de Arrasate «duplica al de cualquier otro municipio».

En este preocupante contexto socioeconómico, el ayuntamiento se ha comprometido a realizar, a través de sus servicios sociales, un diagnósticos sobre la pobreza, siendo la pobreza energética una de las claves de la reflexión». Y para prevenir los efectos que puedan derivarse de ella, remitirá un protocolo a las empresas suministradoras de energía para que previamente al corte de electricidad se pongan en contacto con los servicios sociales.

Las prácticas bancarias

Los desahucios ejecutados como consecuencia de impagos hipotecarios constituyen uno de los efectos más siniestros del empobrecimiento. Una moción formulada por la plataforma Stop Desahucios Debagoiena con el respaldo político de EHBildu revelaba que el Ayuntamiento de Arrasate destina «parte de las Ayudas de Emergencia Social (AES) a completar el pago de cuotas hipotecarias a personas y familias sin recursos para evitar que incurran en demora y de ahí se derive la pérdida de la vivienda habitual».

Y esto es así cuando, paradójicamnete, está vigente el denominado 'código de buenas prácticas bancarias' al que están adheridas todas las entidades financieras. Este decreto obliga a las mismas a informar al deudor que tiene dificultades de pago de la posibilidad de disponer de una interrupción de 5 años en el pago del dinero que adeuda. Durante ese periodo solo deberá pagar el interés, Euríbor más 0,25.

El objetivo de esta medida es mejorar la situación, durante ese intervalo de tiempo, de quien tiene problemas para pagar ese préstamo y dar facilidades para afrontar el pago.

Pero como denuncian Stop Desahucios y EHBildu, las instituciones financieras que operan en Euskal Herria «no ofrecen en realidad esa oportunidad. En lugar de ofrecer una formulación que pueda ser útil para paliar su situación, les ofrecen otro préstamos que los sobreendeudará o solicitan el pago de la deuda al avalista».

En el acuerdo plenario adoptado a instancia de esta moción, aprobada por unanimidad, el ayuntamiento «denuncia firmemente la actitud mostrada por las instituciones financieras» respecto a sus deudores con dificultades de pago.

Asimismo, el consistorio, a través de los servicios sociales competentes, comprobará si los actuales perceptores de las AES ha sido debidamente informados en sus entidades», e intervendrá para que se les aplique por sus entidades bancarias este derecho recogido en la ley».

Del mismo modo, el ayuntamiento adquiere el compromiso de contactar con las instituciones financieras implantadas en la localidad y «conocer cómo se desarrolla su actividad». Y exigirá a éstas que «tomen medidas para difundir esa opción entre los clientes». Realizará además una campaña informativa entre la ciudadanía.

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