Diario Vasco

San Sebastián, 19 oct (EFE).- La Audiencia de Gipuzkoa juzgará próximamente a un hombre para el que la Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel por intentar matar a una policía local de San Sebastián, sobre la que disparó dos veces tras arrebatarle en los calabozos de la comisaría su arma reglamentaria que estaba descargada.

Según relata el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso EFE, los hechos sucedieron el 25 de junio de 2014, cuando el procesado se encontraba detenido en los calabozos de la Inspección de la Guardia Municipal de San Sebastián de la calle Easo.

Aquel día, "sobre las 12.10 horas, fue requerido para abandonar el calabozo en el que se encontraba, a fin de ser trasladado al Juzgado de Guardia", momento en el que, "con consciente desprecio hacia el principio de autoridad", el hombre arremetió contra una agente "con la evidente finalidad de huir".

El inculpado propinó "un fuerte empujón" a la policía "contra la puerta de salida de los calabozos", a pesar de lo cual pudo ser "interceptado" por otro funcionario que se encontraba en el lugar.

Seguidamente, se inició "un forcejeo" entre ambos guardias y el encausado, quien propinó "un codazo en el estómago" a la agente y aprovechó la situación para "arrebatarle el arma reglamentaria que llevaba en su funda".

A continuación, el hombre "dirigió la pistola contra la cabeza de la policía" y "apretó varias veces el gatillo" sin que llegara a detonar "proyectil alguno", porque "el arma se encontraba descargada, en virtud del protocolo de actuación que los agentes de la Guardia Municipal tienen al entrar en una zona de calabozos".

"Ante el enorme escándalo producido como consecuencia de los hechos", prosigue el texto, otros dos guardias accedieron a las dependencias para ayudar a reducir al acusado y se percataron de que el individuo se encontraba armado, instante en el que la agente femenina les tranquilizó diciendo que la pistola "no estaba montada".

No obstante, al escuchar esta frase, el acusado "montó el arma" y, "persistiendo en su deletérea intención", la volvió a dirigir contra la mujer policía y accionó "varias veces el gatillo del arma, sin llegar otra vez a propulsarse proyectil alguno y sin llegar a producirse, consecuentemente, la fatal finalidad perseguida por el encausado".

El escrito de la Fiscalía destaca que, "en el momento de cometer los hechos, el acusado desconocía completamente que el arma que portaba la agente se encontraba descargada".

A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió un traumatismo en la cabeza por golpe de arma, erosiones en ambas muñecas y dolor en el carpo izquierdo, además de una sensación de mareo y náuseas añadidas a cierta ansiedad".

La perjudicada también padeció "dolor a la presión en borde radial y a la supinación forzada", así como una pequeña erosión en la cabeza y tumefacción en la zona parietal derecha, lesiones de las que, en su conjunto, tardó 231 días en recuperarse, 63 de los cuales fueron impeditivos para sus ocupaciones habituales.

La agente sufrió igualmente secuelas consistentes en "trastornos neuróticos por estrés postraumático de entidad moderada" que presenta, como características clínicas: "angustia, reviviscencia del episodio, insomnio, hiperactivación emocional continua y con exacerbaciones aún más agudas".

La víctima también padeció "miedo indefinido y a volver a trabajar, considerándose que estaría por un tiempo incapacitada para un desempeño eficaz de su profesión que incluye, potencialmente, situaciones peligrosas".

El documento del Ministerio Público aclara que en el momento en el que tuvo lugar el suceso, el procesado "presentaba una esquizofrenia paranoide con sintomatología residual en tratamiento farmacológico", aunque cuando sucedieron los hechos sus facultades intelectivas y volitivas no se encontraban "anuladas" pero sí "limitadas".

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de atentado en concurso ideal con un delito de homicidio en grado de tentativa y la atenuante de alteración psíquica, por los que demanda ocho años y medio de cárcel para el encausado, que indemnice a la víctima con 10.918 euros por los días que invirtió en su recuperación y por las secuelas sufridas, y que no pueda comunicarse con la agente ni aproximarse a ella durante diez años.