Diario Vasco

Madrid, 13 jun (EFE).- La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Guatemala al exembajador de ese país en Estados Unidos Julio Ligorría, detenido el pasado septiembre en Madrid, al no ver delito de blanqueo en los hechos por los que se le reclama, relacionados con la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2011.

En un auto, la sección segunda de este tribunal deniega la entrega del exdiplomático porque considera que los hechos de los que le acusa Guatemala no son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en el derecho español, que es el tipo penal por el que se pide la entrega, y no concurre así el requisito de doble incriminación.

Ligorría fue detenido en cumplimiento de una orden de busca y captura cursada por Guatemala en julio de 2017 por un delito de financiación electoral ilegal, pero finalmente el juzgado guatemalteco le reclamó en octubre de ese año solo por uno de blanqueo de capitales, al considerar que el primer delito es de naturaleza política.

Las autoridades guatemaltecas le reclamaban afirmando que, como consultor político, es sospechoso de haber organizado reuniones para financiar ilícitamente la campaña electoral de 2011 del Partido Patriota, que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, en una trama que incluye a las principales compañías telefónicas de Guatemala.

Se le imputa en concreto haber fraguado una reunión en México con Carlos Slim, dueño de América Móvil (cuya filial guatemalteca es Telgua-Claro), Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para demostrar cercanía y atemorizar a la competencia, Tigo.

Según la documentación enviada por Guatemala pidiendo su extradición, de marzo de noviembre de 2011 el gerente de telecomunicaciones de Guatemala entregó a Ligorría varios cheques por valor de 15 millones de quetzales (unos 2 millones de euros) para conseguido contratos con los dirigentes del Partido Patriota, a los que las encuestas daban como ganadores, y de esa manera desplazar a Tigo de la posición dominante que tenía en el mercado.

Esta entrega se hizo mediante pagos hechos a una empresa de Ligorría por servicios no prestados, afirma la justicia del país centroamericano.

La Fiscalía española se opuso a la entrega alegando, por un lado, la nacionalidad española de Ligorría, que ostenta desde 2009, un argumento que acoge la sala ya que, según el auto, la condición de nacional es un motivo de denegación recogido en el tratado de extradición entre España y Guatemala.

El otro motivo para rechazarla es que, según la sala, los hechos de los que le acusa Guatemala no se pueden encuadrar en un delito de blanqueo sino, en todo caso, en uno de financiación ilegal de partidos.

Aunque la Audiencia considera que este último delito no es de carácter político, como concluyó el juez de Guatemala, el tribunal español destaca que no puede extraditarle por este tipo penal al no figurar en la petición de la justicia guatemalteca.

"Hemos de concluir que los hechos, tal y como aparecen descritos en la demanda (de extradición), no son en principio constitutivos de un delito de blanqueo de capitales conforme a nuestro derecho interno", concluye la sección segunda como segundo motivo para denegar la entrega.

Sin embargo, la sala deja abierto el cauce para una posible investigación al exembajador en España y explica que las autoridades guatemaltecas pueden interponer una denuncia que, de estimarlo conveniente, podría plasmarse en una querella por parte de la Fiscalía para "el posible enjuiciamiento de los hechos ante los tribunales españoles".

En una nota de prensa difundida hoy en nombre de Ligorría, se afirma que el exembajador "ha tenido que soportar un largo procedimiento que ha afectado directamente a su vida personal y familiar, así como a su actividad económica y empresarial".

"Sobre todo cuando, desde el primer momento en que conoció que la Fiscalía guatemalteca tenía interés en su persona dentro del proceso penal, se mostró a disposición de colaborar abiertamente con la justicia", añade la nota.