Diario Vasco

Madrid, 17 may (EFE).- Los letrados del Congreso no creen legalmente admisible la revisión de oficio y en bloque de los cerca de 60 vetos del Gobierno a proposiciones de ley de los grupos tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que limita y acota esta prerrogativa constitucional del Ejecutivo.

Así consta en un informe jurídico encargado por la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Efe.

El pasado 24 de abril, la Mesa pidió a los servicios jurídicos que aclararan si se puede revocar en bloque y con efectos retroactivos -como habían pedido el PSOE y Unidos Podemos- los casi sesenta vetos presentados por el Gobierno en esta legislatura a la vista de la sentencia del TC.

La sentencia resolvió a favor del Congreso en el conflicto de atribuciones que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó cuando la Mesa de la Cámara Baja levantó dos vetos impuestos por el Ejecutivo.

El fallo no cuestiona la prerrogativa del Gobierno para oponerse a la tramitación parlamentaria de las iniciativas que considera pueden afectar a los gastos o ingresos presupuestarios, tal y como establece la Constitución, pero limita su ámbito de actuación al ejercicio presupuestario en curso.

Los letrados advierten de que el fallo tan solo tiene "efecto jurídico directo" sobre uno de los vetos impugnado pero no procede la revisión de oficio de todos los acuerdos adoptados por la Mesa con anterioridad en relación con otras iniciativas a fin de garantizar el "principio de seguridad jurídica y de conservación de los actos".

No obstante, el dictamen sí reconoce que la sentencia del TC crea jurisprudencia y abre la puerta a la revisión, aunque uno a uno, de algunos de los vetos presentados y otorga potestad a la Mesa para rechazar aquellos vetos nuevos que no se ajusten a la sentencia.

"La Mesa podrá comprobar que el impacto presupuestario se refiere al presupuesto en vigor y no a ejercicios presupuestarios futuros, rechazándolo en este último supuesto", asegura.

Sobre la revisión de las iniciativas ya vetadas durante esta legislatura, el dictamen de los servicios jurídicos establece varios supuestos diferenciados.

En primer lugar, detalla aquellas proposiciones de ley de las ningún grupo pidió la reconsideración del veto del Ejecutivo, un total de 40 iniciativas.

Se podría pedir ahora esa reconsideración y dar traslado al Gobierno para que amplíe o concrete los motivos por los que se opuso a la tramitación habida cuenta de las nuevas circunstancias planteadas por la sentencia del Tribunal Constitucional.

No obstante, los letrados avisan de que también cabe la posibilidad de considerar que los requisitos expuestos en la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional son exigibles tan solo a partir del momento en que se dictó la sentencia y para decisiones futuras, no con efectos retroactivos.

El dictamen considera asimismo que no cabe una nueva reconsideración de aquellas iniciativas sobre las que se presentó escrito de reconsideración y la Mesa rechazó, que el informe cifra en 13.

"En este caso no cabría solicitar una nueva reconsideración al haberse pronunciado ya la Mesa con carácter definitivo", remarca.

Por lo demás, recuerdan los letrados, los grupos parlamentarios siempre pueden volver a registrar las proposiciones de ley que fueron vetadas para que inicien de nuevo su tramitación a la luz de la jurisprudencia del TC.

Algo que ya ha hecho Unidos Podemos y que el PSOE ha confirmado hoy que no descarta hacer en el futuro en el caso de que no sea oída en la Mesa su solicitud de reconsideración.