Diario Vasco

Buyumbura, 17 may (EFE).- Los burundeses acudieron hoy a las urnas para pronunciarse sobre el polémico cambio en la Constitución que, de ser aprobado, permitirá al presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, seguir en el cargo hasta 2034, en un referéndum que se celebró sin grandes incidentes pero con algunas irregularidades.

En torno a cinco millones de burundeses estaban convocados a votar "sí" o "no" a una reforma de la Constitución que, entre otras medidas, amplía los mandatos del presidente de cinco a siete años sin considerar el tiempo que ya lleva en el cargo.

Apenas 45 minutos tras la apertura de los colegios a las 06:00 de la mañana hora local (04:00 GMT), el presidente Nkurinziza acudió con su mujer a un centro de su comunidad natal, Mwumba (norte), vestido con un chándal y un llamativo sombrero de "cowboy".

El mandatario, que comenzó en 2015 su tercer mandato, es uno de los principales interesados de la reforma, pues podría presentarse de nuevo a las elecciones en 2020 y renovar en 2027 hasta 2034.

A pesar de la hora temprana a la que abrieron los colegios, los habitantes de la capital, Buyumbura, hicieron largas colas desde antes de la apertura para depositar, con entusiasmo, su voto.

"Tengo prisa por votar para ejercer mis derechos", manifestó a Efe Alice Ndagijimana, una votante del distrito de Songa, en la capital.

Tanta ha sido la gente que ha acudido para votar a primera hora, que en centros como el colegio electoral del distrito de Kamege de Buyumbura, a las 15:00 horas (12:00 GMT) casi todo el electorado registrado ya había votado.

Lo mismo ha pasado en otros distritos de Buyumbura, lo que hace pensar que la tasa de participación puede ser muy alta, a pesar de que aún no hay datos oficiales.

La jornada discurrió tranquila en todo el territorio nacional, con la excepción de episodios aislados, como en las provincias de Rumonge (suroeste) y Buyumbura Rural (oeste), donde a los observadores de la coalición opositora Amizero y'Abarundi no les dejaron acceder a varios centros.

La presencia policial y militar fue también bastante fuerte en muchas oficinas de voto, tanto en el interior como en el exterior.

El recuento se espera que comience hoy a las 16:00 horas (14:00 GMT), una hora y media antes de que cierren oficialmente los colegios.

Los primeros resultados provisionales se esperan para esta misma noche, y serán comunicados por el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), Pierre Claver Ndayicariye.

La Constitución actual, que se promulgó en 2005 durante el primer año de gobierno de Nkurunziza, limita los mandatos -de cinco años- a dos, como se acordó en los Acuerdos de Arusha.

Este pacto, firmado en 2000 en la ciudad tanzana, allanó el terreno para el fin de la guerra civil (1993-2005) desencadenada entre las etnias hutu y tutsi tras el asesinato en 1993 del primer presidente burundés democráticamente elegido, el hutu Melchior Ndadaye, a manos de tutsi extremistas, que causó 300.000 muertos.

Por eso, para los partidarios del "no", reformar la Constitución constituye una violación de estos acuerdos de paz.

Además de este cambio fundamental del funcionamiento del Poder Ejecutivo, la reforma de la Constitución incluye otras modificaciones, como la separación del Servicio Nacional de Inteligencia (SNR) de las fuerzas de defensa y seguridad, por lo escaparía al control del Parlamento.

También permitirá al presidente nombrar de forma directa al vicepresidente y a los miembros del Gobierno, sin necesidad de que los apruebe el partido político, y éstos podrán no pertenecer a la misma etnia o partido que el jefe de Estado.

El referéndum tuvo lugar tras una campaña que se vio salpicada de polémica y violencia.

El sábado pasado, un grupo armado mató a 26 personas, entre ellas 11 menores, en una localidad del noroeste del país. El Gobierno culpó a un grupo terrorista de la República Democrática del Congo, pero hubo acusaciones de una matanza étnica.

La decisión de volver a presentarse a un tercer mandato de Nkurunziza y su posterior reelección en 2015 desató una oleada de protestas seguida de represión contra manifestantes y opositores, además de un intento de golpe de Estado fallido en mayo de ese año.

Desde el comienzo de la crisis política en 2015, han muerto centenares de personas y cerca de medio millón se han visto obligadas a dejar sus hogares, según datos de la ONU, que ha acusado al Ejecutivo de crímenes de lesa humanidad.