Diario Vasco

Madrid, 16 may (EFECOM).- El Gobierno ha asegurado hoy que el mecanismo de pago establecido por el real decreto-ley que fijó la indemnización por la paralización del almacén de gas subterráneo Castor "estableció un mecanismo de pago que supuso ahorros importantes en la factura de los consumidores".

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, José María Lasalle, que ha contestado hoy en el Senado a varias preguntas de los grupos parlamentarios sobre la anulación de algunos preceptos del real decreto-ley por el Tribunal Constitucional (TC), ha afirmado que esta norma supuso "la solución financiera más eficiente y permitió un notable ahorro de costes".

En este sentido, ha explicado que la retribución, conforme al marco normativo anterior, hubiese supuesto una cifra "sensiblemente superior" a los importes anuales que se abonan actualmente en la orden de peajes de gas.

El real decreto-ley por el que se estableció la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor a la empresa concesionaria Escal UGS, participada por ACS, fue de 1.350,7 millones, a abonar con cargo al sistema gasista, es decir a través de la factura de gas.

Tras la decisión del TC se dejaron de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro de la cantidad que percibió de una sola vez Escal UGS.

Las entidades afectadas -Banco Santander, Caixabank y Bankia- han presentado una reclamación para recuperar los 1.350 millones que adelantaron para pagar la indemnización a Escal UGS.

Lasalle ha recordado que la concesión fue realizada por un Gobierno anterior del PSOE y que el Ejecutivo del PP que le sucedió, lo que ha hecho es adoptar "todas las medidas posibles para evitar que este error tuviese una mayor repercusión en el bolsillo de los consumidores y agravara los costes que otros generaron".

Ha manifestado que la aprobación del real decreto-ley fue absolutamente necesaria, dados los movimientos sísmicos que afectaron a las poblaciones de Castellón frente a las que se construyó Castor cuando se empezó a inyectar gas en este almacén subterráneo submarino.

Lasalle ha recordado que se procedió a hibernar la instalación para asegurar la seguridad de las personas y se pagó al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que concedió financiación para el proyecto, algo que, según el secretario de Estado, si no se hubiera hecho, hubiera supuesto un "quebranto significativo de la posición de España dentro de este organismo".