Diario Vasco

Buyumbura, 16 may (EFE).- Los burundeses están llamados a las urnas este jueves para votar una reforma constitucional que, de ser aprobada, permitirá al presidente, Pierre Nkurunziza, seguir en el cargo hasta 2034, ya que amplía los mandatos de cinco a siete años sin tener en consideración el tiempo que ya lleva en el cargo.

Si gana el "sí" a la reforma, el límite de mandatos se pondría en cero, por lo que Nkurunziza, que comenzó en 2015 su tercer mandato, podría presentarse de nuevo a las elecciones en 2020 y renovar en 2027, hasta 2034.

En torno a cinco millones de personas (la mitad de la población del país), según la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), están llamadas a las urnas desde las 06:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 17:30 (15:30 GMT).

La Constitución actual, que se promulgó en 2005 durante el primer año de Gobierno de Nkurunziza, limita los mandatos -de cinco años- a dos, como se acordó en los Acuerdos de Arusha.

Este pacto, firmado en 2000 en la ciudad tanzana, allanó el terreno para el fin de la guerra civil (1993-2005) desencadenada entre las etnias hutu y tutsi tras el asesinato en 1993 del primer presidente burundés democráticamente elegido, el hutu Melchior Ndadaye, por extremistas tutsi, que causó 300.000 muertos.

Por eso, para los partidarios del "no", reformar la Constitución constituye una violación de estos acuerdos de paz.

El gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), que lideró Nkurunziza (de padre hutu y madre tutsi) hasta alcanzar la presidencia, ha negado que la nueva Carta Magna quiera enterrar a los pactos de Arusha.

"Los Acuerdos de Arusha se hicieron para evitar un genocidio y reforzar la democracia, la unidad y la reconciliación, algo que nuestro partido ha cumplido desde 2005", declaró en el cierre de campaña del referéndum el secretario general del CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, cuyo partido nombró a Nkurunziza "eterno guía supremo" el pasado marzo.

Además de este cambio fundamental del funcionamiento del Poder Ejecutivo, la reforma de la Constitución también incluye otras modificaciones, como la separación del Servicio Nacional de Inteligencia (SNR) de las fuerzas de Defensa y Seguridad, por lo que escaparía al control del Parlamento.

También permitirá al presidente nombrar de forma directa al vicepresidente y a los miembros del Gobierno, sin necesidad de que los apruebe el partido político, y éstos podrán no pertenecer a la misma etnia o partido que el jefe de Estado.

La idea de cambiar la Constitución proviene de unas "consultas populares" realizadas por la Comisión Nacional de Diálogo Interburundés, que se fundó en 2015.

Según el presidente de esta comisión, Justin Nzoyisaba, la misión entonces era determinar las causas del conflicto que se desató ese año, cuando Nkurunziza se saltó el límite constitucional y se volvió a presentar a las elecciones.

Después de la violencia desatada por las protestas y por la represión contra manifestantes y opositores desde el golpe de Estado fallido en mayo de ese año, este comité concluyó que lo que el pueblo necesitaba era una reforma constitucional, que anunció formalmente el presidente el pasado 12 de diciembre de 2017.

La campaña electoral, que finalizó este lunes, no se ha visto exenta de polémica y violencia.

El sábado, un grupo armado mató a 26 personas, entre ellas 11 menores, en una localidad del noroeste del país. El Gobierno acusó a un grupo terrorista de la República Democrática del Congo (RDC), pero hubo acusaciones de una matanza étnica.

El ataque "pudo haber sido político -diseñado para impactar en el referéndum- o pudo haber sido llevado a cabo por otras razones", conjeturó este martes el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Husein.

Además, el domingo por la noche, un miembro de la oposición fue asesinado cuando regresaba de un mitin por el "no" a la reforma constitucional de la coalición opositora Amizero y'Abarundi.

Esa coalición acusa a las juventudes del partido gobernante, los Imbonerakure, de violencia contra sus partidarios y del asesinato de este miembro opositor.

Amizero y'Abarundi es la principal partidaria del "no", y aprobar la modificación de la Constitución supondría un "oprobio" contra el país entero, en palabras de su presidente, Agathon Rwasa.

Desde el comienzo de la crisis política en 2015, han muerto centenares de personas y cerca de medio millón se han visto obligadas a dejar sus hogares, según datos de la ONU, que ha acusado al Ejecutivo de crímenes de lesa humanidad.