Diario Vasco

Madrid, 16 may (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite los recursos contencioso-administrativos presentados por cinco sociedades del grupo Repsol contra la orden que establece las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2018.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la admisión a trámite de los recursos presentados por Repsol Butano, Repsol Petróleo, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Societat Catalana de Petrolis (Petrocat) y Petróleos del Norte (Petronor) ante la sala tercera de la sección tercera del Supremo.

Según la orden del Ministerio de Energía del pasado 16 de marzo, la contribución de las empresas obligadas a hacer aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2018 por el reparto del objetivo de ahorro ascenderá a 204,91 millones de euros.

Los Estados miembros de la UE están obligados a establecer un sistema de obligaciones de eficiencia energética, por el que los distribuidores de energía y las empresas minoristas de venta de energía están obligados a alcanzar en 2020 un objetivo de ahorro mediante la consecución anual a partir de 2014 de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía.

Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deben realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

En el caso de la contribución al fondo para 2018, los porcentajes se fijaron a partir de los datos de ventas de energía correspondientes a 2016.

Entre las compañías que harán mayores aportaciones están Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, con 36,8 millones; Endesa Energía, con 24,87 millones; Cepsa Comercial Petróleo, con 21,93 millones; Gas Natural Comercializadora, con 15,27 millones; o Iberdrola Clientes, con 13,01 millones.

Al margen de las contribuciones por el reparto del objetivo de ahorro anual entre las empresas de energía, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética recibirá 318.905 euros de empresas que iniciaron su actividad en 2016 o que no han cumplido con las obligaciones de aportación al Fondo en 2017.