Diario Vasco

Estrasburgo , 17 abr .- La Comisión Europea (CE) propuso hoy una nueva serie de medidas para combatir los vacíos de información en investigaciones de delitos graves y terrorismo, facilitando el acceso de la información financiera que utilizan los delincuentes para cometer atentados u otros delitos.

En el marco de un paquete de medidas relacionadas con la seguridad presentadas hoy en Estrasburgo, la CE planteó nuevas iniciativas para atajar la financiación del terrorismo, a la que pretende poner coto permitiendo a las autoridades judiciales el "acceso oportuno" a la información financiera que necesiten.

Esta información puede consistir de datos sobre cuentas bancarias o análisis financieros y pretende acabar con las investigaciones criminales que se quedan en un callejón sin salida cuando necesitan este tipo de informaciones mientras que el proceso para solicitarlas en otro Estado miembro es demasiado lento y pesado.

Las propuestas incluyen el acceso directo por parte de las autoridades judiciales en casos específicos a los registros de cuentas bancarias centralizados a nivel nacional y a sistemas de recuperación de datos.

Entre los organismos que podrán acceder a estos datos están Europol, ciertas entidades fiscales y anticorrupción y los organismos de recuperación de activos, y la propuesta incluye también salvaguardas sobre protección de datos fundamentales.

También en el ámbito de lucha contra el terrorismo Bruselas planteó nuevas propuestas para restringir la venta de precursores de explosivos, aquellas sustancias que, aunque legales, pueden utilizarse para la fabricación casera e ilícita de explosivos.

Las limitaciones a la venta de estos productos, en vigor desde 2013, han quedado en parte obsoletas por las nuevas tácticas empleadas por los terroristas, por lo que la Comisión optó hoy por proponer la inclusión de dos nuevas sustancias en la lista de prohibiciones.

Además, plantea la introducción de comprobaciones de antecedentes delictivos para los compradores y la obligación de informar a las autoridades en un plazo de 24 horas cuando se produzca una transacción sospechosa.

El paquete de medidas presentado hoy por la Comisión cuenta también con propuestas para modernizar las características de seguridad de los documentos de identidad o facilitar la cooperación entre autoridades judiciales sobre pruebas criminales electrónicas, entre otros.