Diario Vasco

Islamabad, 17 abr (EFE).- Una persona murió hoy y 12 resultaron heridas en choques entre la policía y manifestantes que protestaban por la supuesta violación y asesinato de una niña de seis años en la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán.

La protesta comenzó al mediodía, cuando cientos de personas se manifestaron junto a la familia de la niña reclamando justicia, desembocando en un enfrentamiento violento con el lanzamiento de piedras contra las fuerzas policiales, dijo a Efe un portavoz de la Policía de la zona, Haji Sanaullah.

La fuente indicó que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y en los choques murió uno de los manifestantes por un disparo.

Sanaullah aseguró que los policías no hicieron uso de armas de fuego contra la multitud.

En los choques resultaron heridos además doce agentes policiales, dijo a Efe el jefe de la comisaría de Orangi, cerca de donde tuvieron lugar los enfrentamientos, Mohamed Fahin.

La niña de seis años desapareció el domingo y apareció ayer por la noche muerta con signos de haber sido estrangulada, y las autoridades están realizando una autopsia para determinar si fue violada, según Sanaullah.

El portavoz indicó que tres hombres han sido denunciados por el asesinato y dos de ellos han sido detenidos mientras se busca al tercero.

Las agresiones sexuales y los asesinatos de menores han provocado varias protestas en los últimos meses a lo largo de Pakistán.

La violación y asesinato en enero de una niña en la ciudad de Kasur, también en Punyab, desató una ola de protestas violentas en las que murieron dos personas, y manifestaciones en varias partes del país.

En febrero, el asesino confeso de esa niña y de otras ocho fue condenado por un tribunal a cuatro penas de muerte y una cadena perpetua.

A principios de este mes, la mutilación y asesinato de otra niña de siete años provocó una protestas de cientos de personas en la ciudad de Jaranwala, en el este de Pakistán.

Pakistán registró al menos 17.862 casos de abuso sexual a menores entre 2013 y 2017, según un informe del Ministerio de Derechos Humanos elaborado junto a la ONG Sahil.