Diario Vasco

Madrid, 17 abr (EFE).- La comercial de Arc Global Trader Silvia Villar, investigada junto al resto de la excúpula del chiringuito financiero por supuesta estafa, ha explicado hoy que las comisiones que percibía procedían de la inversión inicial de los clientes y no de los intereses que generaban.

También ha comparecido hoy en el juzgado de Instrucción número 10 de Madrid Lourdes Pérez, esposa del fundador de Arc, Raúl Cano, que se ha desmarcado de las acusaciones y ha dicho que se limitaba a revisar noticias y subir contenido a las redes sociales, cometido por el que cobraba una nómina de 70.000 euros al año.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Pérez, que ha obviado responder a las acusaciones particulares, ha admitido que cobraba 3.000 euros netos al mes por dicha tarea y que no conocía los detalles de cómo gestionaba la sociedad su marido, al que conocía únicamente como persona, no como empresario.

Villar, para quien la Fiscalía tampoco ha solicitado ninguna medida cautelar, ha afirmado que recibía una comisión del 10 % estipulada por contrato y que procedía directamente del capital inicial que invirtieron, en su caso, los 280 clientes que captó.

Unas cantidades que tardaba un mes en recibir y que según los investigadores podían llegar a los 90.000 euros mensuales.

En este sentido, Villar ha atribuido el éxito en la captación de nuevos inversores a su talento y sus dotes como comercial, y ha aseverado que desconoce el paradero del dinero que entró en Arc, declarado chiringuito financiero -entidad no autorizada para prestar servicios de inversión- por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en mayo de 2017.

A pesar de que también estaba citado para hoy el supuesto testaferro de Cano, Raúl Garzón, quien habría comprado Arc por un euro en julio de 2017 cuando empezaron a surgir los problemas en la empresa, finalmente no ha comparecido al no haber sido localizado.

Tal como declaró a la policía, Garzón, con antecedentes por robo con fuerza, tráfico de drogas, hurto de vehículo y falsedad documental, cobró 500 euros por estampar su firma en el contrato, a lo que accedió porque "necesitaba el dinero para comer y consumir cocaína".

Para el próximo jueves está prevista la declaración del que fuera director comercial de Arc José Luis Cogollo, a la que seguirá un día más tarde la secretaria Lidia Merchán y el propio Cano, detenido el pasado febrero y puesto en libertad después.

Al margen de las comparecencias, la Audiencia Nacional analiza si asume esta supuesta estafa, valorada en 17 millones de euros y que habría afectado a más de 600 clientes, representados en su mayoría por el despacho Durán & Durán Abogados, a quienes se prometió una "rentabilidad muy superior" a la de los bancos.

Para ello, se servirían de contratos de inversión y de participación, con duración anual y beneficios que habrían de repartirse el 70 % para el cliente y el 30 % restante para la mercantil.

Llegada la fecha de vencimiento, "se convencía al inversor para reinvertir tanto el principal como los intereses obtenidos en la fundación de un banco llamado Arc Bank", que supuestamente "iba a nacer" bajo licencia americana y con el amparo de la Reserva Federal estadounidense (Fed) para operar en Europa.

Ante el atractivo de la oferta, las partes firmaban un contrato de proyecto de socio fundador, lo que suponía el traspaso del capital invertido a otra de las mercantiles vinculadas a Cano, concluye el auto de inhibición.