Diario Vasco

Islamabad, 16 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Lahore (este) prohibió hoy que las televisiones paquistaníes emitan declaraciones del ex primer ministro Nawaz Sharif, su hija Maryam y varios miembros de su partido en las que critiquen al poder judicial durante un periodo de 15 días.

Una fuente de la Autoridad Reguladora de Medios de Pakistán (PEMRA) que prefirió mantener el anonimato indicó a Efe que un tribunal formado por tres jueces decidió que los canales del país no podrán emitir declaraciones de Sharif mientras estudia varias denuncias contra el político por sus críticas contra la Justicia.

Sharif, Maryam y miembros de su partido, la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), han criticado duramente al poder judicial desde que en julio del año pasado el Tribunal Supremo inhabilitó al entonces primer ministro por "deshonesto".

El juez Mazahir Ali Akbar Naqvi, al frente del tribunal de tres magistrados que tomó la decisión, afirmó que el derecho constitucional a la libertad de expresión está condicionado a la ley y las regulaciones.

"No puede ser que cualquiera denuncie cuestiones y decisiones judiciales en nombre de la crítica justa", señaló Naqvi, según recoge el diario Dawn.

La decisión se produce tres días después de que el Supremo dictaminase que la inhabilitación de Sharif es "permanente".

La ministra de Información, Marryum Aurangzeb, criticó duramente la decisión del tribunal calificándola de "chiste" y "conspiración".

Sharif fue inhabilitado como primer ministro en julio de 2017 por no incluir en su declaración de ingresos un salario que ya no recibía de una empresa de un hijo, algo que el Supremo consideró que vulneraba la ley.

Además, el ex primer ministro, tres de sus hijos y un yerno afrontan tres investigaciones relacionadas con la propiedad de pisos en una exclusiva zona de Londres, la creación de las compañías Azizia Steel y Hill Metal, y una más por la empresa de inversiones Flagship y otras 15 compañías.

La familia Sharif, que ya se enfrentó a acusaciones de corrupción en el pasado, ha reconocido la posesión de esas empresas y las propiedades, pero ha rechazado cualquier tipo de ilegalidad.