Diario Vasco

Bucarest, 16 abr (EFE).- El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, rechazó hoy la petición del Gobierno de destituir a la jefa de la Fiscalía Anticorrupción (DNA), Laura Kovesi, al alegar que no son convincentes los argumentos de que ha violado la Constitución y perjudicado la imagen del país en el extranjero.

"Los motivos de destitución presentados por el ministro de Justicia (Tudorel Toader) no me han convencido", declaró Iohannis en rueda de prensa.

Tras conocerse la decisión del jefe de Estado, que es quien tiene potestad para nombrar y destituir a la fiscal, el ministro de Justicia anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, al entender que Iohannis se ha excedido en sus competencias.

"En la medida en las que el presidente no tiene la capacidad legal ni las competencias funcionales para evaluar la actividad profesional y administrativa llevada acabo por la fiscal jefe anticorrupción (...) recurriremos el rechazo (a su destitución) ante el Tribunal Constitucional", escribió Toader en la red social de Facebook.

Toader inició el pasado febrero el proceso para cesar a Kovesi, a la que acusa de haberse entrometido en decisiones del Constitucional y empeorado la imagen de Rumanía al criticar la reforma judicial aprobada en diciembre a iniciativa del Ejecutivo de coalición que forman el Partido Socialdemócratas y el liberal ALDE.

A finales de ese mismo mes, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que vela por la independencia de la justicia en Rumanía, mostró su apoyo a la fiscal jefe, aunque las opiniones de este órgano no son vinculantes.

Más de mil magistrados firmaron en febrero una petición en la que advierten de que la propuesta de Toader amenazaría la independencia de la justicia y generaría más presión sobre los fiscales.

La proyectada destitución de Kovesi, una de las figuras más populares del país, ha provocado manifestaciones en las principales ciudades de Rumana para expresar su respaldo a la fiscal jefe del DNA.

Kovesi ha llevado ante la justicia a cientos de políticos, entre ellos ministros, legisladores y alcaldes, por delitos de corrupción.

La semana pasada, el Consejo de Europa expresó sus "graves preocupaciones" por la reforma de la justicia en Rumanía de la que opinan que podría tener un impacto negativo en la lucha contra la corrupción.

Cuando en febrero de 2017 el Gobierno aprobó un decreto de emergencia que despenaliza algunos delitos de corrupción, se inició la mayor oleada de protestas ciudadanas desde la caída del comunismo en 1989.

A finales del pasado año, una polémica reforma de la Justicia, que la oposición considera que socava la independencia del poder judicial, provocó otra serie de protestas que se han prolongado en el tiempo hasta ahora.