Diario Vasco

Colombo, 16 abr (EFE).- El Gobierno de Maldivas insistió hoy en que el expresidente del archipiélago Mohamed Nasheed no puede tener derecho de sufragio pasivo por haber sido condenado en 2015 a 13 años de prisión, en respuesta a una sentencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU que pide restaurar este privilegio al político.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores maldivo, el artículo 109 de la Constitución contempla que una persona que ha sido condenada a más de 12 meses de cárcel no puede presentarse a las elecciones, a no ser que hayan pasado tres años desde su puesta en libertad o desde que se le otorgó el perdón.

"Puesto que el expresidente Nasheed fue condenado el 13 de marzo de 2015 y sentenciado a 13 años de prisión, no será apto para presentarse como candidato a la Oficina del Presidente a no ser que hayan pasado tres años desde su liberación o perdón", dijo el departamento en la nota.

Insistió también en que el exdirigente, presidente de Maldivas entre 2008 y 2012 y actualmente exiliado en Londres, fue condenado "legalmente".

Los expertos en derechos humanos de la ONU, en respuesta a dos demandas presentadas por Nasheed en 2013 y 2016, concluyeron que el procedimiento judicial que le condenó "se sostuvo en una legislación ambigua, contenía serios defectos y violó su derecho a un juicio justo".

La resolución del Comité de Naciones Unidas, adoptada el pasado 4 de abril y publicada hoy, afirma que las restricciones establecidas al derecho de sufragio pasivo del expresidente violaron sus derechos de participación política y pide anular su condena y revisar los cargos en su contra.

Nasheed, el primer presidente elegido democráticamente en el país, se vio obligado a renunciar en 2012 y luego fue condenado por la detención ilegal de un juez durante su mandato, en un polémico y mediático proceso que su formación (MDP) siempre aseguró que había estado plagado de irregularidades.

Maldivas vivió este año una profunda crisis política e institucional desde que el 1 de febrero el Tribunal Supremo ordenó la anulación de las sentencias condenatorias a nueve opositores y rehabilitó en el cargo a doce diputados contrarios al Gobierno.

El presidente, Abdulla Yameen, decidió no acatar el fallo y en la noche del 5 de febrero declaró el estado de emergencia asegurando que el presidente del Supremo y el exdictador Maumoon Abdul Gayoom habían orquestado un golpe de Estado para derrocarlo.