Diario Vasco

Huesca, 16 abr (EFE).- El Ministerio de Cultura ha obligado al letrado de la Generalitat a renunciar a la defensa del exconsejero de Cultura Santi Vila en la causa penal abierta en los juzgados de Huesca por su negativa a devolver a Aragón la parte de los bienes el Monasterio de Sijena que estaban depositados en el Museo de Lérida.

Esta designación, hecha por la secretaria del Departamento de Cultura de la Generalitat, Dolores Portús, fue recurrida por el representante legal del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, al entender que un letrado del Gobierno catalán no puede defender a un exconsejero en delitos contra la administración de justicia.

La causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca, instada por el consistorio de Sijena y a la que se ha adherido la fiscalía, mantiene como investigados a Santi Vila y a su sucesor en el cargo, Lluis Puig, por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa.

La decisión de renunciar a la defensa de Vila ha sido comunicada ya al juzgado oscense a través de un escrito firmado por el letrado de la Generalitat en el que defiende su nombramiento pero rechaza al tiempo ejercer dicha responsabilidad en aras a que el exconsejero disponga de una defensa que no pueda ser recurrida.

El recurso contra esta designación, al que se ha adherido también la fiscalía, advierte que no sólo no es lícito el nombramiento sino que quien lo hizo carecía de competencias para tomar una decisión que correspondía haber tomado al presidente de la Generalitat, que en virtud del artículo 155 de la Constitución corresponde a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno.

Señala Español que ha sido, sin embargo, el propio Ministerio de Cultura quien, una vez conocido el recurso, ordenó retirar la defensa acordada por Dolores Portús, quien pidió permiso a posteriori a la Administración central para realizar el nombramiento.

El representante legal de Sijena ha solicitado deducir testimonio para instar que Portús declare como investigada por un presunto delito de prevaricación, decisión que respalda la fiscalía oscense.

Santi Vila deberá comparecer el próximo 25 de abril como investigado ante el órgano instructor oscense con un abogado privado para ejercer su defensa.

Por su parte, el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, en su escrito de adhesión al recurso del consistorio de Sijena, reclama que se nombre una comisión rogatoria para solicitar la declaración de Lluis Puig en su actual residencia en Bélgica.